La Guardia Civil ha puesto punto final con sus investigaciones a una supuesta red corrupta que actuó en la Comunitat Valenciana bajo la supervisión y liderazgo del expresident Eduardo Zaplana desde 1997 y que pudo obtener hasta 10,5 millones de euros mediante el cobro de comisiones por adjudicaciones públicas.

El sumario del caso Erial, revela una historia de tintes surrealistas, en la que no falta la mediación del "yonki del dinero" (como se autodenomina el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, cuyas confesiones están abonando varias investigaciones por corrupción) o la extravagante intervención de un confidente sirio, que en un hallazgo fortuito dio con la clave de bóveda del entramado corrupto.

El Gobierno valenciano de Zaplana privatizó el sector de las ITV en 1997 (en cinco lotes diferentes) y posteriormente puso en práctica políticas que permitieron que, entre el año 2000 y 2003 aumentasen sus tarifas de 18 a 46 euros, hasta convertirse en las más caras del Estado, según denunció recientemente Compromís.

En 2004, buena parte de las firmas adjudicatarias vendieron sus participaciones obteniendo unos beneficios que, en el caso del lote adjudicado a la familia Cotino (sobrinos del ex director general de la Policía Juan Cotino) pudieron rondar los 86,6 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.

En contraprestación, tal y como considera acreditado la Guardia Civil, las empresas de los Cotino pagaron en 2005 y 2006 cerca de 8,5 millones de euros a dos empresas controladas por supuestos testaferros de Zaplana en Luxemburgo.

Todo este entramado, cuyo alcance total todavía no se ha revelado, fue descubierto de forma casual según detalla la UCO en uno de sus informes, en un registro practicado en el despacho del abogado del "yonki del dinero", Ramiro Blasco.

En este registro se halló un documento que se ha denominado "hoja de ruta" que guardaba Benavent desde que se lo entregase en 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que a su vez lo encontró en un sobre cuando en 2007 ocupó una vivienda en Valencia en la que había residido -entre 1998 y 2006- Eduardo Zaplana y su esposa.

La Guardia Civil cree que este documento fue redactado a principio de septiembre de 2001 y en él se detallan los pasos dados por el grupo Sedesa (de la familia Cotino) durante los años 2001 y 2002 en relación con las concesiones públicas de los parques eólicos y de la ITV, que se licitaron y adjudicaron bajo la presidencia de Zaplana en la Generalitat.

Junto a esta "hoja de ruta", se encontró un correo electrónico dirigido a Juan Cotino en octubre de 2000, cuando era director general de la Policía, sobre los parques eólicos, en el que se habla de la inversión prevista.