El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ve ya totalmente despejado el camino hacia su designación como candidato del PP a las elecciones municipales de mayo con el sobreseimiento de la causa abierta contra él por la jueza Pilar de Lara en el marco de la operación Pokémon. El regidor municipal se enfrentó, desde su imputación, a la reelección como presidente del PP local que, sin embargo, superó con más del 98% de los votos y sin ningún contrincante para disputarle el cargo. La presencia en aquel congreso –celebrado en julio, recién conocida la imputación– del presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo; del vicepresidente y secretario general, Alfonso Rueda, y del responsable provincial del partido y alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, dejó claro el apoyo de los altos cargos populares al alcalde. Pero si este respaldo implícito no fuera suficiente, el propio Negreira aseguró que la dirección del PP en A Coruña propondría la designación de Rey Varela como candidato a la Alcaldía.
Precisamente la proximidad de las municipales y el mismo hecho de que José Manuel Rey sea alcalde es uno de los argumentos por los que el abogado que lo defendió durante la imputación, Ricardo Pérez Lama, entiende que se le ha ocasionado un perjuicio “obvio y evidente”. El regidor todavía no ha decidido si emprenderá alguna acción judicial contra los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que atribuyeron su identidad a la voz del interlocutor del delegado de Vendex en Galicia, con el que se concertó una cita para –supuestamente– hacer entrega de 3.000 euros. Aunque Rey Varela negó ser esta persona, apodada Josman, y un colaborador del PP, José Manuel Vilaboy Lois, reconoció que la voz era suya, la imputación se mantuvo hasta disponer de una prueba pericial practicada por la Policía Nacional con cuyos resultados la jueza De Lara decidió, finalmente, el sobreseimiento de la causa.
Pérez Lama echó en falta una investigación más rigurosa por parte de Vigilancia Aduanera e insistió en que “si hay igualdad ante la ley, tan iguales son el alcalde como los investigadores, no puede hacerse una imputación en base a un hecho incierto”. En este sentido, el abogado insistió en que “la presunción de inocencia debe jugar a favor del alcalde” y lamentó que todo este proceso se haya prolongado durante cinco meses cuando, a su juicio, no había base para una imputación.