La operación Copérnico, que llevó a desplegar en Cataluña hasta 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por el proceso soberanista, supuso para las arcas del Estado un coste de 87 millones de euros.
Es el dato más novedoso que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ofreció en su comparecencia -a petición propia, del PSOE y de EH Bildu- ante la comisión de Interior del Senado, en la que responsabilizó de este gasto a la “arrogancia e irresponsabilidad” del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. 26,6 de esos 87 corresponden al alojamiento de policías nacionales y guardias civiles en tres barcos.
Frente a la actuación policial del 1-O que, a su juicio fue, “legítima, profesional y proporcionada”, Zoido contrapuso la actitud de “absoluta pasividad” de los Mossos d’Esquadra, a los que acusó de su “limitada eficacia” para cumplir con la orden de impedir el referéndum.
Y todo a pesar de que en las reuniones operativas antes de la celebración del 1-O hasta el propio mayor entonces de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, aseguró un amplio dispositivo, con más agentes e, incluso, con más jornadas de trabajo.

El número de mossos
Pese a esa promesa y con la premisa de que podría ser una jornada conflictiva, los mossos destinaron, según el ministro, 7.850 agentes, casi 4.000 menos que los que se desplegaron en las elecciones del pasado 21 de diciembre.
El titular de Interior fue más lejos y les reprochó los datos que ofrecieron de colegios en los que los mossos impidieron la apertura (297) y los que evitaron la votación (99), porque no se corresponden con el recuento que después dio la Generalitat de la jornada.
Zoido hizo un recorrido por todo lo que ocurrió antes del 1-0, incluidas las operaciones policiales y decisiones judiciales, para centrarse en la jornada del referéndum, no sin lamentar los ciudadanos heridos en las cargas pero también los que resultaron entre las fuerzas de seguridad. Ese día, dijo Zoido, los policías y guardias civiles se encontraron concentraciones “organizadas y preparadas” en los centros de votación que, de forma “pasiva” o “ejerciendo directamente la fuerza”, tenían como objetivo impedir el acceso de los agentes a esos locales, lo que supuso que la acción policial se viera “considerablemente dificultada y ralentizada”.
De hecho, reveló que muchas actuaciones fueron abortadas una vez iniciadas y en otras situaciones ni siquiera se decidió intervenir por esa “actividad de oposición organizada” a las fuerzas de seguridad.
Zoido destacó que las concentraciones ciudadanas no fueron una reacción espontánea en cada punto de votación, sino acciones “organizadas, premeditadas, con reparto de roles, protagonizadas por personas que fueron seleccionadas entre las más radicales”.

De todos modos, solo se produjo confrontación en seis o siete centros de votación y solo en una se utilizaron pelotas de goma, prohibidas en Cataluña, que provocaron lesiones muy graves en un ojo a un hombre que, según el ministro, estaba lanzando vallas contra los furgones y los agentes tuvieron que emplearlas para poder replegarse.
“No ha había orden de ninguna provocación; nadie, nadie, nadie ordenó el uso de la violencia ni pretendió provocar para después justificar alguna reacción; no hemos buscado una proporcionalidad ente porras y votos”, zanjó.
Porque la misión de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) -ordenada por los jueces, como recalcó en varias ocasiones- era impedir la celebración del referéndum y “en ningún caso proceder al desalojo y cierre de los locales”, ya que su intervención debía tener el menor impacto posible para evitar desórdenes públicos graves.

Heridos
Respecto a los heridos, que la Generalitat cifró en 1.066, Zoido dijo que se está investigando desde el punto de vista judicial y precisó que solo cinco casos fueron graves -un infarto, tres traumatismos y el herido en el ojo-.
El ministro fue contundente al calificar de “confusión deliberada” la relación de la Generalitat incluyendo entre los heridos a personas con supuestas crisis de ansiedad por ver la televisión.