11º-18º
sábado | 20 abril | 2024
El tribunal que juzga el procés independentista en el Tribunal Supremo rechazó la petición de libertad realizada el pasado miércoles por los cinco presos preventivos que resultaron electos en los comicios del 28 de abril si bien les autoriza para acudir el 21 de mayo a los plenos constitutivos del Congreso y el Senado “debidamente custodiados”.
La petición fue realizada por los los abogados Jordi Pina, que representa a los elegidos para el Congreso de los Diputados por JxCat Jordi Sánchez, Josep Rull, y Jordi Turull; y Andreu Van Den Eynde, que ejerce la defensa del elegido para la cámara baja Oriol Junqueras y del designado para el Senado Raul Romeva.
“Deberán ser debidamente custodiados y adoptarse por la Presidencia de ambas Cámaras las decisiones oportunas para que, una vez en el interior del Salón de Plenos, pueda quedar garantizada su seguridad. Deberán ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario una vez la Presidencia de las Cámaras haya dado término a la sesión”, concreta la resolución.
También afirma que esta autorización, “de carácter excepcional e inspirada en la necesidad de no menoscabar la titularidad del derecho de participación” se subordina en todo caso, a que no interfiera en el desarrollo del proceso penal en que los diputados y el senador vienen siendo acusados.
Suspensión prevista
El tribunal añade que el propio artículo 21 del Reglamento del Congreso prevé la situación de que un diputado se halle en situación de prisión preventiva “y que ello implique la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios”.
Añade que la prisión no es incompatible con la condición de diputado o de senador ni implica una vulneración de sus derechos como tal cuando es proporcionada y no responde a una finalidad arbitraria.
Por otro lado, el tribunal rechaza en su auto que deba pedir un suplicatorio a las Cortes para continuar el juicio a los cinco acusados electos al considerar que carecería de “justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso que ya se sitúa en los debates del juicio oral exija para su normalidad democrática el “nihil obstat” (visto bueno) del órgano parlamentario”.
El tribunal abunda sobre esta cuestión y llega a la conclusión de que no procede apoyándose en cuatro bloques argumentales: el plano de la constitucionalidad; el ámbito de la legalidad ordinaria; el examen de los precedentes jurisprudenciales dictados por la misma Sala; y la jurisprudencia constitucional que perfiló la naturaleza de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria.
Mientras, el tribunal que juzga el proceso independentista consideró ayer “intolerable” el comportamiento de los testigos que los letrados del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, algunos de ellos abogados.
En un hecho insólito en los tres meses que van de juicio, fuentes de la Sala expresaron el “profundo malestar” de los siete magistrados que conforman el tribunal del procés, que opinan que la estrategia de defensa y la actitud de los comparecientes es una “provocación”.
En cuanto a los abogados que declararon en calidad de testigos, muchos de los cuales acudieron a colegios durante el referéndum para asesorar a los manifestantes, el tribunal lamenta que el comportamiento que mostraron “raya con el código deontológico de la Abogacía”.
Esta valoración se produce después de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, haya mantenido varios “rifirrafes” con algunos de los testigos ya desde primera hora de la mañana.
El mayor encontronazo se produjo cuando le tocaba preguntar a la abogada del Estado Rosa María Seoane, quien quiso saber si Escolas Obertas se dirigió a los titulares de los centros para poder ocuparlos. El testigo no estuvo de acuerdo con la utilización de este verbo, lo que provocó que Marchena haya tenido que reformular la pregunta, llegando a advertirle: “Esto tiene consecuencias legales si usted nos hace perder el tiempo”.
