El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas ya no tienen causas pendientes con la Justicia belga, que atendió ayer la solicitud de las autoridades españolas de retirar la petición de extradición que pesaba sobre ellos.
La Cámara del Consejo de Bruselas, tribunal de primera instancia encargado de examinar en Bélgica las eurooórdenes cursadas por la Justicia española contra los cinco políticos secesionistas, desestimó ayer el caso, como estaba previsto, después de que España anulase esas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). Ni Puigdemont ni los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se presentaron ayer ante el tribunal, donde estuvieron representados por sus abogados.
Los cinco políticos fugados en Bélgica son investigados por la Justicia española por los presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación.
La vista comenzó pasadas las 11.30 de la mañana y duró solo unos minutos, los que tardó la Fiscalía en entregar al magistrado “las piezas” relativas a la petición de retirada de las euroórdenes.
El magistrado declaró que “el proceso no es aplicable” contra los cinco políticos secesionistas, “lo que cierra el proceso”, indicaron a Efe fuentes del Ministerio Público. Por su parte, el entorno de los políticos independentistas en Bruselas difundió un comunicado en el que destacó que la Justicia belga “ha decidido poner punto final” al proceso contra los implicados, cuyos letrados no presentaron recurso.
Los cinco políticos independentistas sí se enfrentan sin embargo a la orden nacional de detención, de modo que si entrasen en territorio español serían detenidos en las mismas condiciones que los otros imputados por el proceso secesionista.
“Mismos motivos”
Mientras, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó revocar la libertad bajo fianza de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al considerar que subsisten “los mismos motivos” por los que tomó esa decisión el pasado 9 de noviembre.
Llarena, en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, rechazó la petición de VOX, que ejerce la acusación popular en esta causa, de que ordene la prisión sin fianza para Forcadell. El partido político consideró que Llarena debía revocar la libertad de Forcadell por fraude procesal e intencionalidad de reiteración delictiva. Vox justificó su solicitud de revocación de la libertad bajo fianza de 150.000 euros en que el juez tomó esa decisión porque Forcadell manifestó que renunciaba a los objetivos golpistas. Sin embargo, ahora Forcadell forma parte de la candidatura de un partido con claros fines separatistas, añadió.
Nueva comparecencia
Además, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha citado el próximo 11 de enero, a las 09.30 horas, al exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para volver a tomarles declaración tal y como ellos habían solicitado.