El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la resolución de la Dirección Xeral do Comercio por la que se acuerda el inicio de la fase de liquidación de la Cámara de Comercio de Ferrol. 
Se abrirá, desde hoy, un plazo de diez días –hasta el 8 de febrero– para que el resto de Cámaras de Galicia presenten sus propuestas para asumir las funciones del ente ferrolano. Tal y como se indica en la resolución, esta asunción de funciones por otra cámara supondrá la modificación de la demarcación geográfico mediante un decreto de la Xunta a propuesta de la administración tutelante. 
Se tendrá en cuenta la concurrencia y los principios de viabilidad, solvencia y proximidad. Por esto último, se entiende que la cámara de A Coruña es la principal candidata para gestionar la demarcación de Ferrol, pero habrá que ver si  en su propuesta se incluye o no mantener en la ciudad naval alguna oficina de atención a los empresarios.
Desde que la entidad se quedó sin trabajadores y echó el cierre definitivo, ha sido la cámara coruñesa la que se ha ocupado de muchas tareas de impulso y seguimiento a compañías de la ciudad. El presidente de la organización herculina, Marcelo Castro-Rial ya dejó en su día abierta esta posibilidad de integración. “Podría haber una ampliación de la demarcación”, declaró a mediados del pasado año en una comparecencia ante los medios.
En cualquier caso, la resolución de la Dirección Xeral do Comercio especifica que la nueva entidad tendrá que “garantizar que las personas físicas y jurídicas del ámbito territorial de dicha cámara –la liquidada– reciban los servicios propios de estas”. 
De este proceso de liquidación se encargará el administrador independiente designado el pasado octubre, el bufete de abogados Landwell-Pricewaterhouse-
coopers Tax & Legal Services, que ya gestionó la liquidación del Consorcio Pro Feiras e Exposicións de Ferrol (FIMO) hace unos meses. 
Tal y como establece la Ley de cámaras de comercio, industria y navegación de Galicia, este procedimiento se inició tras la disolución de sus órganos de gobierno y la convocatoria de elecciones abiertas, a las que no concurrió ninguna candidatura.

tres millones
La mala gestión de las arcas y, sobre todo, la inacabable obra del edificio de usos múltiples en el puerto exterior –que inició Francisco Cruz–, supusieron el final de la Cámara de Comercio de Ferrol tras 115 años de historia en la ciudad. 
Se calcula que al cierre de la actividad, la deuda ascendía a más de tres millones de euros, toda vez que el acreedor más importante, el Ministerio de Hacienda, reclama más de 1,8 millones de euros a los que se suma cerca de medio millón por intereses y gastos. A eso, además, hay que añadir dos hipotecas por medio millón de euros.
La supresión de la cuota cameral obligatoria que el gobierno de Zapatero decretó en el año 2010, terminó de dar la puntilla a una Cámara ferrolana ya muy endeudada. La Xunta, que tuteló la entidad durante el vacío de poder, nunca asumió responsabilidad alguna respecto a las pérdidas de esta entidad, la cual debe responder únicamente con su patrimonio.