10º-14º
jueves | 25 abril | 2024
La asociación gallega de afectados por los productos financieros (Agaprofi) presentará en aproximadamente un mes la denuncia colectiva por la venta de participaciones preferentes de las cajas gallegas Caixa Galicia y Caixanova. Tras la vista de las medidas preliminares celebrada ayer en los juzgados de A Coruña, la asesoría legal que ejerce el letrado Xoan Antón Pérez-Lema, espera a la resolución del juez. En su dictamen, en magistrado deberá exponer si exige a NCG Banco que otorgue a la asociación el listado de antiguos titulares de participaciones preferentes.
Pérez Lema explica que si la resolución del juez es afirmativa, se pondrán en contacto con los afectados directamente para presentar esta demanda y que, si es negativa, realizarán la comunicación de una forma más pública, a través de anuncios en prensa.
Durante la vista celebrada ayer, el banco se opuso a la adopción de las medidas preliminares porque “entiende que no hay características comunes entre los afectados y también dice que no tenemos legitimidad colectiva”, explicaba el letrado tras la celebración del acto. Añade Pére-Lema que la asociación no va por la misma vía que el fiscal, sino que son grupos de afectados y, afirma, “creemos que hay un colectivo perfectamente identificable”.
manifestación
Poco antes de la celebración de esta vista en los juzgados de la calle de Monforte, decenas de afectados volvían a concentrarse ante las puertas de las oficinas de NCG Banco en Rúa Nova y el Obelisco.
Los afectados que aún no han recuperado su dinero están fuera de ese colectivo de 38.000 personas que han participado en procesos de arbitraje y que, como recuerda Pérez-Lema “todos se han resuelto a favor”. Por ello, continúa avalando la legitimidad de una denuncia colectiva de los clientes previos de Caixa Galicia y Caixanova. Estima el letrado que el canje de participaciones preferentes por acciones de las entidades bancarias, que en algunos casos ya se han traducido en pagos a cuenta de los clientes, no perjudica un proceso judicial como el que quieren interponer a nivel colectivo.
El letrado que encabeza la asesoría legal de la agrupación recuerda que, ya sea con una resolución favorable o no, la asociación presentará en el plazo de un mes desde que se conozca dicho dictamen la querella que llevará el problema al juzgado.
