El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, asegura que es “un drama” para los trabajadores de la fábrica que “ni siquiera puedan pelear por sus puestos”, ante las restricciones impuestas para atajar el brote de coronavirus detectado en A Mariña. Por ello, espera que, dadas las circunstancias, la propia empresa “retire de buena fe el ERE” que ha planteado.

Mientras, un estudio del profesor de Dereito Administrativo de la Universidad de A Coruña (UDC), Carlos Aymerich, avala que tanto la Xunta como el Estado –o ambos– pueden realizar una intervención pública de las fábricas de aluminio primario de Alcoa San Cibrao y Alu Ibérica, ubicada en A Coruña.

En su estudio –elaborado a petición del sindicato CIG–, Aymerich señala que “resulta claro que la adquisición podría ser realizada por la Administración estatal, por la gallega o por ambas, dado que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Galicia, la comunidad ostenta competencia exclusiva en materia de industria”.

El informe señala que está regulado· “el procedimiento para la adquisición de títulos representativos de capital”, “atribuyendo la competencia al Consello de la Xunta” y al “Ministerio de Hacienda, previa autorización del Consejo de Ministros”, “siempre y cuando no se realice por medio de la potestad expropiatoria, supuesto en el cual deberá ajustarse a la Ley de Expropiación Forzosa”.

El informe fue presentado en una rueda de prensa, en la que Aymerich incidió en que, desde el punto de vista legal, no hay impedimento en el derecho español ni europeo para que los gobiernos puedan intervenir, “pero se necesita voluntad política”. Así, se puede recurrir a la capitalización o a la toma de control público de las plantas para garantizar la actividad y el empleo.

Sobre la recapitalización, el profesor de la UDC señaló la posibilidad de aprovechar las medidas aprobadas por la UE en mayo para la entrada de poderes públicos en el capital de empresas. La planta de San Cibrao podría beneficiarse de estas ayudas, aplicables tanto por el Gobierno gallego como el español, o ambos en conjunto, en la búsqueda de un socio solvente. Esta operación tendría que ser solicitada de forma expresa por la empresa y contar con su colaboración. En caso de que Alcoa decida cerrar o reducir su actividad, negándose a cooperar, las administraciones “deberían emplear los medios que el ordenamiento les habilita, entre ellos la nacionalización de la fábrica”.

Explica que esta posible actuación es extensible a las fábricas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés (Asturias). Además, agrega que la nacionalización “podría hacerse a través de los procedimientos de la Ley de Expropiación Forzonsa o una ley que articulase un procedimiento expropiatorio específico”. l