El anterior Gobierno municipal de Ferrol debía al Consorcio Galego de Benestar (CGB) las anualidades de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, cuya cuantía ascendía a 569.525 euros. Este hecho, según adelantó ayer el actual regidor de la ciudad, Ángel Mato, creó una situación de “anormalidade” que afectó notablemente a las relaciones con el organismo, generando así “consecuencias graves”.
Esta deuda, no obstante, se encuentra ya prácticamente saldada, de acuerdo con las afirmaciones del primer edil y la concejala de Benestar Social, Eva Martínez, que durante la mañana de ayer ofrecieron una rueda de prensa para exponer la problemática. Durante el encuentro ante los medios, Mato apuntó que todos estos pagos atrasados, salvo uno que está siendo tramitado, han sido solventados. “O primeiro que se tiña que solventar era a relación entre administracións”, aseguró el alcalde, que calificó de “prioritario” el hacer frente a esta deuda tan pronto se conformó el actual Gobierno.
“Esto estaba a provocar non un problema entre administracións, senon coa cidadanía –advirtió Mato–. Como todo o mundo sabe, cando un Concello non aporta os emolumentos que tiña previsto destinar a estes fins, perde a posibilidade de poder entrar en outros programas que estas mesmas cosellerías poñen en marcha”.
Centros de día
La principal consecuencia derivada del pago de estas cantidades, adelantó la concejala de Benestar Social, Eva Martínez, será la posibilidad de solicitar que, de forma paulatina, se puedan cubrir todas las plazas disponibles en los centros de día de Caranza y Esteiro. Según las previsiones del Concello, en los próximos dos años se podría “acadar o 100%” de ambas instalaciones, pasando la primera de 41 a 80 y la segunda de 16 a 30.
De igual modo, Martínez anticipó la posible firma de un nuevo convenio con el Consorcio Galego de Benestar que incluyese, además de una ampliación del total de plazas en los centros de día, nuevas condiciones “como o mantemento das escolas infantís” o el programa Xantar na casa.
Situación de “beligerancia”
Al ser preguntado durante la rueda de prensa, Ángel Mato apuntó que, durante el anterior mandato, había “unha situación clara de belixerancia coa administración autonómica”. En este sentido, el regidor afirmó que “é xusto reclamar as necesidades que ten a cidade”, pero que “tamén hai que cumplir”.
En este sentido, Eva Martínez explicó que consideraba que la decisión era “política” porque “partida presupuestaria había”. “Non había unha razón técnica ou económica pola que non se fixera fronte”, sentenció la concejala socialista.
Ante estas acusaciones, la formación Ferrol en Común (FeC), que durante el anterior mandato ostentó la Alcaldía, afirmó que esta situación deriva de que los convenios eran “tan abstractos e defectuosos que prácticamente ningún técnico podería delimitar que gastos corresponden ao Concello e cales á Xunta”, y que durante su gestión no se extendieron “cheques en blanco”.
En este sentido, Fec se pregunta si ambas formaciones son “inimigas políticas”, a la vez que cargó contra Ángel Mato por “tratar de despresticiar ao goberno anterior para tapar a súa ineficacia e (...) apropiándose de proxectos da época anterior”.