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miércoles | 24 abril | 2024
A Reene Bergestrom la mutilaron con tres años en el seno de una familia cristiana estadounidense. A Asha Ismail con cinco, en Kenia. Ambas son activistas contra la mutilación genital femenina (MGF) y alertan de que “es un problema global que no se limita a un continente o a un color”.
"Mi corte se hizo porque me estaba tocando, no sé si a esa edad se puede llamar masturbación, pero mi madre estaba preocupada y me llevó a un médico que practicaba su religión con bisturí”, cuenta la doctora norteamericana.
“En su religión la masturbación era un pecado y me quitó el clítoris”, prosigue Reene en una conversación con la también superviviente de MGF y cofundadora de la organización Save a Girl Save a Generation, Asha Ismail, con motivo de la celebración, este 6 de febrero, del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.
Se estima que más de 200 millones de mujeres y niñas han sido mutiladas en el mundo, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
La OMS define la MGF como “todos los procedimientos que, de forma intencional y por motivos no médicos, alteran o lesionan los órganos genitales femeninos”. Se realiza a niñas entre 0 y 14 años y, ocasionalmente, a mujeres adultas.
Según la ONU, se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y Asia meridional y persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.
Romper el silencio
Con sus testimonios quieren ayudar a romper el silencio sobre esta forma de violación de los derechos humanos, y pedir que no se estigmatice a las mujeres africanas ni a un continente, porque “se trata de un problema global”.
Reene recuerda que, tras el corte, su madre reconoció que “era un error y que nunca debía hablar de ello”.
“Más adelante, me sentí confusa cuando supe lo que realmente había pasado”, lo que le impidió hablar del tema con su entorno. Tampoco lo hizo cuando se quedó embarazada porque, explica, “no sabía que iba a ser un problema”.
“Si no hubiera estado con un médico muy cuidadoso podría haber muerto, como otras muchas mujeres”, relata Reene, a quien tuvieron que practicar una episiotomía extensa que tardó meses en curar.
Y es que la MGF conlleva graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva, como dolor agudo, hemorragias, infecciones, lesiones de órganos y estructuras anatómicas de la zona, fracturas, incontinencia, anemia o trastornos psicológicos. Además, puede provocar complicaciones durante el parto como cesáreas, hemorragias, desgarros o episiotomías.
Cuando Reene intentó romper el silencio ante algunos compañeros de trabajo, le dijeron que no volviese a compartirlo o arruinaría su carrera. “Eso me silenció de nuevo”, lamenta. Entre las circunstancias que rodean al silencio de las víctimas están la voluntad de proteger a sus familias, la vergüenza, la estigmatización y “no saber quién va a ser compasivo y quién va a juzgarte”, coinciden ambas activistas.
Por eso envían un mensaje de aliento y acompañamiento a todas las mujeres que quieran romper su silencio: “estamos dispuestas a escucharlas”.
La MGF en España
En España, más de 3.650 niñas entre 0 y 14 años están en riesgo de sufrirla, según el estudio “La mutilación genital femenina en España”, de la Fundación Wassu-UAB y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Además, se estima que hay unas 15.907 supervivientes, según la organización Equality Now. En Europa, 180.000 niñas están en riesgo de padecerla y 600.000 chicas y mujeres viven con sus secuelas en 13 países europeos.
Para luchar contra la mutilación, España cuenta desde 2015 con un protocolo de prevención que incluye “el compromiso preventivo” como herramienta fundamental cuando las menores van a viajar a sus países de origen por vacaciones.
Es un documento que firma el pediatra o médico del centro de salud que certifica que las niñas no han sido mutiladas y en él los padres se comprometen a no someterlas a la ablación, y se les informa de las consecuencias que tiene para la salud.
Además, se les recuerda que en España es un delito penado con entre seis y doce años de cárcel. Y, a su regreso, deben permitir que el médico revise a la menor para comprobar que no ha sido mutilada .
