Se trata de la pieza 10 del caso Tándem, que investiga los datos extraídos del móvil de una asesora de Podemos que tenía en su poder el excomisario.

Pozas había sido citado este lunes en esta causa para tomarle declaración como testigo, condición que el juez de la Audiencia Nacional ha cambiado finalmente a la de investigado por un presunto delito de revelación de secretos, han informado a Efe fuentes jurídicas.

En su comparecencia como testigo, que se ha prolongado cerca de 45 minutos, Pozas ha admitido que fue él, cuando era director de Interviú, quien facilitó al excomisario José Villarejo un "pendrive" con copia de los datos del teléfono de una asesora de Podemos, que habían recibido en la redacción y que no pensaban publicar, han señalado las fuentes consultadas.

De este modo, el excargo de Moncloa ratificaba la versión que prestó el propio Villarejo al respecto cuando declaró como investigado por esta causa y dijo que fue Pozas quien le entregó ese "pendrive", lo que habría derivado en la imputación del periodista por presunta revelación de secretos.

Según declaró el excomisario, los datos habían llegado a la redacción de la revista, pero Pozas consideró que su contenido no era publicable y, por eso, se lo dio a Villarejo.

Con el contenido del pendrive, según la declaración del excomisario, Villarejo elaboró un informe que elevó a sus superiores y en el que señalaba que el contenido del dispositivo carecía de "interés policial", por lo que lo archivó, como hacía con todos sus trabajos.

En un comunicado difundido el viernes, Pozas afirmó que dimitía al considerar que está siendo "utilizado para atacar al Gobierno y al presidente".

Además de Villarejo y Pozas, por este caso también declaró el pasado martes el presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio, al que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, apuntó en su declaración como perjudicado como la persona que le entregó los datos del móvil sustraído a su asesora, Dina Bousselham.

Precisamente hoy, según las fuentes, el juez ha tomado también declaración a la pareja de Dina Bousselham por si conocía los pormenores de ese robo.

La sustracción del móvil se produjo en los meses previos a las negociaciones para formar Gobierno en 2016 y se investiga si el robo del teléfono está relacionado con un presunto espionaje al partido de Iglesias o si solo se trató, como afirmó Villarejo, de un acto de venganza o despecho.

Por otra parte, El País ha adelantado hoy que Podemos denunció ante Interior a finales de octubre que una cámara del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil instalada en el exterior del chalé de Pablo Iglesias y que apuntaba a la entrada de la vivienda había sido pirateada y que las imágenes circulaban por internet a través de una web que emitía en directo.

Fuentes de Interior han explicado a Efe que la cámara había sido colocada en septiembre al mismo tiempo que se destinó a una patrulla de la Guardia Civil -en vehículo camuflado- a vigilar el perímetro de la vivienda con el objeto de evitar que se realizaran pintadas ni ningún acto vandálico en el exterior del chalé.

A raíz de que la formación de Iglesias pusiera en conocimiento de la Policía que la cámara había sido pirateada, las autoridades policiales solucionaron el problema y comunicaron a Podemos que estaba solventado, aunque el partido no tiene constancia de que se abriera ninguna investigación.

A todo ello se suma que los detalles del dispositivo de seguridad que Interior aprobó para aumentar la vigilancia en la vivienda del líder de Podemos se filtraron y difundieron días antes de que la cámara fuera hackeada.

Con motivo de todas estas informaciones, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado hoy que si llega a formar parte del próximo ejecutivo, creará una unidad especial de la Policía para investigar y desmantelar lo que denomina como "cloacas del Estado".

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por su parte ha considerado "un hecho de extrema gravedad" el pirateo de una cámara del dispositivo de seguridad del exterior del chalé de Pablo Iglesias, y ha dicho que "tiene que ver con el mandato" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.EFE