9º-13º
viernes | 26 abril | 2024
La defensa del que fue concejal de Obras de Ferrol en el anterior mandato, el socialista Gerardo López Castrillón, presentó un escrito en el Juzgado que instruye las diligencias de la denominada operación Torre por supuestas contrataciones irregulares en el Concello solicitando el sobreseimiento libre de la causa respecto a su representado, bajo el argumento de la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad”. El abogado José Ignacio Santaló sostiene que los hechos investigados “son inanes desde el punto de vista jurídico penal”, y que su “incardinación en una supuesta trama delictiva se ha tornado totalmente disparatada y ayuna de indicio alguno”.
En la solicitud se apunta que López Castrillón fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno del Concello de Ferrol en octubre de 2008 y que se le confirieron las delegaciones de Transportes, Movilidad y Accesibilidad, Conservación y Mantenimiento de Viales “sin facultad de emisión de actos administrativos resolutorios”, que estaba reservada a los concejales coordinadores de área, que eran Sandra Ríos y Ángel Mato.
Se añade que los cometidos del imputado en el seno del Ayuntamiento se limitaban a la coordinación y supervisión de las citadas áreas delegadas, atendiendo a los intereses demandados por la ciudadanía, así como a dirigir y gestionar políticamente los servicios correspondientes, si bien todas las actividades tramitadas por los diferentes departamentos bajo su responsabilidad estaban a su vez supervisadas por los coordinadores de área.
En el escrito del abogado Santaló se indica, asimismo, que es obvio que su representado nada puede aportar ni de nada se le puede responsabilizar por unos hechos ocurridos antes de su nombramiento como concejal delegado. Así, se hace referencia a una factura de Albanese –una de las empresas supuestamente beneficiadas por la contratación y cuya administradora también figura como imputada en esta causa– por importe de 19.890 euros, de fecha 29 de diciembre de 2006. Se citan, además, otras por un montante de 57.393 euros de diciembre de 2005; un tercer paquete por valor de 21.433 euros, por reparaciones en edificios municipales, que datan de mayo de 2006; y otro grupo por trabajos en diferentes viales por un importe global cercano a los 100.000 euros, con fechas anteriores a junio de 2007.
La defensa de Castrillón relaciona, también, otras facturas que fueron tramitadas por las Concejalías de Modernización Administrativa y de Deportes, que sí corresponden a su mandato, puntualizando, por último, que el pleno del Concello del 31 de mayo de 2012, ya con la actual corporación del PP, “reconoció la procedencia de abonar facturas atrasadas correspondientes a expedientes de contratación con Albanese, uno de los sujetos activos de la supuesta trama delictiva, por la nada desdeñable suma de 634.294,65 euros”. n
