Denuncian al alcalde por prevaricación en la concesión de la vigilancia de seguridad

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP) del sindicato USO interpuso el pasado martes una denuncia contra el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y el concejal de Seguridade, Álvaro Montes, por un presunto delito de prevaricación en referencia a la concesión del servicio de vigilancia del Centro Comercial Porta Nova y el recinto FIMO. Los representantes de la entidad presentaron la querella en una rueda de prensa celebrada ayer en el hotel Carrís Almirante, explicando los detalles de esta acción legal.

“Nosotros como sindicato hemos intentado en innumerables ocasiones hablar con el Ayuntamiento de Ferrol”, aseguró Basilio Alberto Febles, secretario general estatal de la FTSP, “llegar a un acuerdo con ellos, que sacaran unos pliegos ajustados a la legalidad vigente y con los precios adecuados para que pudieran concurrir al mismo cualquier empresa de seguridad que se hiciera cargo no solo del servicio, sino también de este importante grupo de trabajadores”.
Así, los representantes de USO aseguraron que desde el Concello no se estableció un concurso justo con el objetivo, dicen, de que quedase desierto. De este modo, afirmaron que la denuncia parte de tres motivos fundamentales: “un presunto delito de prevaricación por no realizar la contratación pública de acuerdo con la legalidad vigente; un presunto delito de comisión por omisión de delito de prevaricación y otros comportamientos injustos y entendemos que hay otro de discriminación laboral”.

Por su parte, el concejal de Seguridade, Álvaro Montes, aseguró que este servicio, asumido por el Concello una vez la compañía adjudicataria anunció su cierre, se trató de licitar hasta en tres ocasiones. El primero de estos intentos se realizó mediante un proceso abierto, el segundo a través de un procedimiento negociado y el tercero mediante una prórroga del servicio, pero que todos ellos quedaron desiertos. Montes puntualizó que se trataba de un contrato para diez trabajadores, pero que gracias a una sentencia judicial los derechos de subrogación pasaron a 14 empleados, lo que hizo poco atractiva la oferta para las empresas.