Una orden de Industria amenaza la viabilidad de la siderúrgica Megasa

El retoque recientemente introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy en el esquema de gestión de la demanda eléctrica de la industria básica está estrangulando la actividad de la siderúrgica naronesa Megasa. Sus responsables, de hecho, han anunciado al comité de empresa que, de no mediar una solución, echarán el cierre al término del próximo mes de agosto.
El origen del problema tiene que ver con el concepto de “interrumpibilidad”, por el que desde hace treinta años se bonifica con 20 euros por megavatio consumido a industrias con un uso intensivo de electricidad por su disponibilidad para dejar de consumir en momentos puntuales de gran demanda. Se trata de un gasto del Gobierno que permite garantizar el suministro y que ahorra los costes mayores que tendrían posibles apagones. Desde enero pasado, sin embargo, está en vigor una nueva orden ministerial que ha elevado dicha subvención a 35 euros por megavatio para aquellas industrias cuyo consumo esté por encima de 100 MW.
Hasta ahora, explicó ayer el presidente del comité de empresa de Megasa, Carlos Bascoy, en ese caso estaban Alcoa, Asturiana de Zinc, Arcelor-Mittal y Ferroatlántica, compañías que no representaban una competencia directa para Megasa, fabricante de barras de acero corrugado para la construcción. Sin embargo, recientemente se ha subido al carro la catalana Celsa, que sí opera en el mismo segmento que la naronesa, y hay movimientos que apunta a que otras, como el grupo Alfonso Gallardo, el mayor productor de acero corrugado, está dando pasos encaminados a obtener la subvención de 35 euros por megavatio, como el cierre de plantas pequeñas y la concentración de la producción en otras más grandes.
El consumo de la siderúrgica naronesa está en torno a los 85 MW y, a tenor de lo que explicó ayer el presidente del comité, la compañía no se plantea un aumento de capacidad para acceder a un coste más barato de la energía. Entre otras cosas, por la limitación física del recinto fabril.
Carlos Bascoy explicó que la empresa lleva ya todo el año acumulando pérdidas, aunque dijo que serían asumibles en un contexto normal porque se trata de una compañía saneada y que, hasta ahora, era competitiva. El problema es, apuntó el responsable sindical, “que no se pueden asumir pérdidas de manera indefinida”. El efecto de la reducción de costes por parte de la competencia comenzó a notarse en febrero, un mes después de la entrada en vigor de la orden de Industria. La caída de las ventas ha hecho que se acumule un stock de 100.000 toneladas de producto terminado en la siderúrgica naronesa, una situación que no se producía desde 2010, cuando la compañía puso en marcha un expediente de regulación temporal entre sus trabajadores. De hecho, el ritmo de fabricación ultimamente había sido bueno y se estimaba que llegaría al finalizar el ejercicio a las 600.000 toneladas.
La compañía todavía está estudiando si emprenderá alguna acción judicial contra la medida puesta en marcha por el Gobierno, sobre la que ya había expresado sus reservas la Comisión Nacional de la Energía precisamente porque podría representar una distorsión a la libre competencia en el mercado.
De Megasa dependen en torno a 190 empleos directos. La intención del comité de empresa es poner en marcha de inmediato una serie de reuniones con responsables políticos con el objetivo de forzar los cambios que geranticen el suministro eléctrico en las mismas condiciones.