Los juzgados de Santiago calientan motores para esclarecer la muerte de Asunta

Los juzgados de Santiago calientan motores para esclarecer la muerte de Asunta

Apenas una semana después de que se cumpla el segundo aniversario de la muerte de Asunta Basterra, cuyo cadáver fue localizado en una pista forestal el 22 de septiembre de 2013, la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago abrirá sus puertas a uno de los juicios más esperados en la capital gallega, el que tratará de esclarecer el grado de culpabilidad de los padres, únicos acusados, en la muerte de la niña.

Un total de 84 testigos y unos 60 peritos están citados a declarar en las cuatro semanas que durará el juicio, que está previsto que arranque el día 29 con la selección del jurado.

Tras un primer aplazamiento del juicio, motivado por las elevadas renuncias a ejercer de jurado popular, la Audiencia Provincial acogerá los días 30, 1 y 2 de octubre las declaraciones de Rosario Porto y Alfonso Basterra, padres de Asunta y únicos acusados de su muerte.

Posteriormente, las distintas testificales, entre las que se encuentran compañeras de la niña, profesores, vecinos o agentes; comenzarán a partir del 5 de octubre. 

Finalmente, está previsto que las pruebas periciales comiencen el 14 de octubre a las 9,15 horas y la última citación está fijada para el 21 de octubre. El juicio concluirá en los últimos días de ese mes con la prueba documental y las conclusiones.

Nueva fecha

En un primer momento, la sección sexta de la Audiencia Provincial había fijado las vistas de este juicio para el periodo comprendido entre el 23 de junio y el 17 de julio. Para ello, el 11 de mayo se celebró la primera preselección de candidatos para formar parte del jurado. De aquella sesión salieron 36 nombres de los que dos no pudieron ser localizados y otros 19 presentaron “recusaciones y excusas” para no acudir a la constitución, aunque uno de ellos podría participar después de agosto.

Esta situación llevaría a que el día de la constitución del jurado únicamente se encontrasen en la sala 15 de los 20 candidatos necesarios para elegir a los 11 integrantes finales.

Por este motivo, la Audiencia decidió aplazar hasta después del verano la celebración del juicio y realizar un nuevo sorteo, en el que fueron seleccionados 26 candidatos a jurado adicionales.

Este aplazamiento motivó, no obstante, que durante el mes de julio la Audiencia Provincial se viese obligada a autorizar la prolongación de la prisión provisional de los padres de Asunta. Así, aunque los días 24 y 25 de septiembre se cumplirán dos años de prisión provisional para los acusados, el presidente del tribunal del jurado, Jorge Cid Carballo, estimó que el riesgo de fuga y la proximidad del juicio --que comenzará cuatro días después-- justifican la prórroga de esta situación.

La defensa de Rosario Porto, ejercida por el abogado José Luis Gutiérrez Aranguren, afronta este juicio “con todas las ganas de poner fin a esta ya demasiado larga pesadilla”.

dos años en prisión

Así lo aseguró el letrado, que confía en un veredicto de “no culpabilidad” para “poder poner las cosas en su sitio de una vez por todas” y “formular las reclamaciones que procedan a los causantes de tanto horror”.

Sobre la situación actual de Rosario Porto, Gutiérrez Aranguren ha afirmado que su defendida se encuentra “francamente mal” y “cada vez más preocupada por su salud física y mental” tras dos años en prisión provisional.

Asunta Basterra, de 12 años, murió en la tarde del 21 de septiembre de 2013 y su cadáver fue localizado durante la madrugada del día 22 en una pista forestal del lugar de Feros, en el ayuntamiento coruñés de Teo.

Las pruebas practicadas determinaron que la muerte de la menor, adoptada cuando contaba menos de un año por Alfonso Basterra y Rosario Porto, se había producido por asfixia y que, anteriormente y durante meses, la niña había ingerido un ansiolítico, Orfidal, que anuló su voluntad antes de ser asesinada.

Para los padres de Asunta, la acusación popular pide 20 años de cárcel por un delito de asesinato, una pena que la Fiscalía rebaja a 18 años de prisión. Mientras, las defensas, que mantienen que existe un plan para implicar a los padres, solicitan la libre absolución.

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