Parlamentarios gallegos dan su apoyo a los afectados de Motorkar

Ovidio Rodeiro, en la reunión de ayer con los afectados en Ferrol
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Tal y como se anunció la pasada semana, los afectados por el súbito cierre de los concesionarios Motorkar de Ferrol y Cabanas han comenzado este mismo lunes una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios en busca de apoyos para solucionar su situación.
La delegación de representantes de los perjudicados se entrevistaron durante la mañana de ayer en las oficinas del parlamento gallego con diversos portavoces de las formaciones BNG, PSOE y En Marea, que pusieron a su disposición todas las vías posibles en su mano para arreglar el entuerto. Horas más después, a las cuatro de la tarde, mantuvieron a su vez una reunión con el delegado territorial de la Xunta, Ovidio Rodeiro, y dos representantes del Instituto Galego de Consumo en el edificio administrativo del gobierno autonómico en Ferrol.

Los grupos exigen medidas
El grupo parlamentario de En Marea anunció dos medidas en favor del colectivo y como futura medida para que esta situación no se vuelva a repetir: En primer lugar fue registrada una batería de preguntas para el IGC, en las que se cuestionaba al organismo si tenía conocimiento del engaño al que habían sido sometidas aquellas familias y qué medidas pensaban tomar para controlar la estructura financiera y garantizar la legalidad. En segundo lugar se registró una proposición no de ley para instar a la entidad a inspeccionar todas las relaciones contractuales de Motorkar para asegurar que no existieron cláusulas abusivas o algún tipo de estafa.
Luis Villares, portavoz de la formación, aseguró que “la ausencia de control sobre el flujo monetario entregado por los clientes, y sobre el hecho de que ese dinero no fuese usado para el fin acordado y que se desconozca para qué fue usado ese dinero, coloca a la parte débil de los contratos de compraventa, con o sin financiación en la adquisición, en una situación de absoluta indefensión”.
Por parte del Bloque Nacionalista Galego, se ha señalado también la temeridad de los gestores de la empresa, que aún a sabiendas de la delicada situación en la que se hallaban continuaron con su negocio con total normalidad, incrementando el número de afectados con cada día que pasaba. A la reunión de ayer con los perjudicados acudieron la diputada del grupo, Noa Presas, la responsable comarcal de la formación, Mercedes Tobío, y el portavoz del BNG en Cabanas, Iago Varela.
La formación nacionalista presentó días atrás otra proposición no de ley para solicitar al gobierno gallego a que tome las medidas necesarias tanto para que los veintidós empleados despedidos cobren sus salarios atrasados, como para que el Instituto Galego de Consumo inicie una investigación al respecto, además de considerar a la marca Opel como corresponsable de la situación.
“Las dificultades económicas de la empresa eran conocidas por sus gestores desde hacía más de un año”, afirmó Noa Presas, “y mientras tanto no hicieron nada para evitarlo, sino que continuaron su actividad, dejando de pagar a sus trabajadores y aumentando el número de personas afectadas al continuar vendiendo automóviles que sabían que no podrían entregar”. Por su parte Iago Varela brindó todo su apoyo en las movilizaciones, a la vez que se comprometió a continuar con la ofensiva institucional para lograr una solución satisfactoria.
Por último el delegado territorial de la Xunta, Ovidio Rodeiro, trasladó a los afectados el amparo del gobierno autonómico, asegurando que a través del IGC serán tramitadas todas las denuncias y que el organismo que representa trataría de ayudarles en todo lo posible dentro de lo permitido por sus propias competencias. l

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