El cierre de Penamoa desplazó el tráfico de heroína a Ferrolterra

El desmantelamiento del poblado de Penamoa, en A Coruña, ha producido una diversificación de los puntos de venta de heroína y su desplazamiento a la zona de Ferrol, concretamente a asentamientos de clanes gitanos. Así se recoge en la memoria de la Fiscalía de A Coruña correspondiente al año 2012, en la que también se informa sobre los servicios más relevantes llevados a cabo por las unidades de droga y crimen organizado y otras unidades de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera.
En el caso concreto de Ferrol, se cita la denominada Operación Tigre, en el marco de la que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron el 4 de febrero de 2012 a siete personas y, en tres registros, intervinieron 23 gramos de heroína, 2,5 gramos de cocaína, 76,2 de hachís, dos ordenadores, una balanza de precisión, una pistola y 15.790 euros.
El 24 de marzo de ese mismo año, el grupo de estupefacientes de Ferrol detuvo a nueve personas en la Operación Fregona. Se intervinieron 15 gramos de cocaína, 2,5 heroína, 300 de hachís y 5.015 euros, además de tres armas de fuego, distintas piezas de joyería de oro, ordenadores, teléfonos, un molinillo con restos de droga y una prensa. Cinco días depués fueron arrestadas otras dos personas y la Policía se incautó de 12 gramos de cocaína, 11.555 euros y abundante documentación de interés para la investigación.
Con posterioridad, el 17 de junio, fue detenida una persona a la que se le intervinieron 260 gramos de heroína.

Violencia de género
En materia de Violencia de Género, la memoria de la Fiscalía recoge que en los juzgados de lo Penal de Ferrol se han dictado durante 2012 un total de 98 sentencias, de las que 29 fueron absolutorias, que representan un 29,59% del total.
Los responsables de la Fiscalía provincial ponen de manifiesto respecto a los temas de violencia de género la dificultad probatoria que entrañan este tipo de ilícitos, en los que las declaraciones no suelen ser firmes y la prueba directa, en la mayoría de los casos, se reduce a la declaración de la víctima, que lo hace de forma imprecisa, debido a su estado emocional y el conflicto interior que sufre por la situación vivida. “Si unimos que en muchos de estos ilícitos carecemos de elementos periféricos que los corroboren ,o cuanto menos que su alcance es limitado, vemos que llegar a una condena supone una dificultad mayor que otros delitos”, señala la Fiscalía, añadiendo que, si además añadimos la existencia de la dispensa legal de que la víctima no declare, resulta que esos aparentes fracasos no lo son o al menos muchos de ellos deben interpretarse a la luz de esta realidad. En el caso de la dispensa legal, el Ministerio Fiscal sostiene que urge una modificación.
Como medida para garantizar la eficacia de la protección de las víctimas de violencia de género y los menores se creó un registro de los oficios que se reciben de las unidades policiales encargadas de la vigilancia de esas medidas. La Fiscalía de A Coruña sostiene que es obvio que no basta con adoptar la medida, sino que hay que garantizar su cumplimiento y en su caso la respuesta que se dé a su quebrantamiento, que debe ser inmediata y proporcional al riesgo añadido que supone el incumplimiento de la medida.
Esta preocupación es la que originó la creación del registro, que supone un mejor control de esos oficios y, sobre todo, garantiza una respuesta concreta a la situación que se comunica.
En el conjunto de la provincia este registro tuvo 93 entradas durante 2012. Se ha constatado que el nivel de quebrantamiento de las medidas cautelares es relativamente alto.
En este apartado, en la memoria se analizan los tres supuestos de fallecimiento que se produjeron en 2012 y que ocurrieron en el ámbito de la Fiscalía de Área de Ferrol. El primero de ellos fue el de Iria García Bouza, la joven de Xuvia que murió a manos de su exnovio, Óscar Ferreño, el 25 de junio de 2012. Como antecedentes figuran unas diligencias de 2011 por amenazas, empujón y zarandeo sobre las que no se adoptó ninguna medida porque la víctima no mantuvo la denuncia, y otras de tres días antes del crimen, en las que sí acordó el alejamiento. “El ataque se produce en la calle, en las inmediaciones del domicilio de Iria. Es evidente que la medida resultó ineficaz, ya que no previno el riesgo que estaba destinado a conjurar”, señala la Fiscalía, añadiendo que lo que primero que hay que cuestionarse es si con los datos que había era necesaria otra de mayor alcance, para concluir que con los antecedentes no se justificaba. No obstante, sí considera criticable que la distancia de alejamiento se fijase solo en 200 metros, aunque precisa que “seguramente tampoco tuvo una incidencia directa en el fatídico resultado.
Otro de los casos analizados es la muerte de Marisol Aller Sánchez, que murió calcinada en su casa de Sedes el 5 de noviembre de 2012 y el fuego fue supuestamente provocado por su marido, que después se suicidó. En este caso había cuatro denuncias, tres interpuestas por el esposo y una de ella. La más reciente a los luctuosos hechos se juzgó por falta y la mujer  se acogió al derecho a no declarar, por lo que se dictó sentencia absolutoria. No había ninguna medida cautelar y la Fiscalía provincial dice que, con los datos obrantes, no parece que resultase precisa.
Por último, se analiza el caso de la vecina de Fene María Matilde Herrero Barcia, a la que su exmarido le quitó la vida de un disparo en la cabeza y después se suicidó. Los antecedentes de este asunto eran muy anteriores –años 2005 y 2006– y los procesos estaban archivados, por lo que no había medidas. n