11º-22º
sábado | 20 abril | 2024
El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite, y por lo tanto ha dejado en suspenso de forma cautelar, el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, por el que se crea la Agencia Tributaria de Cataluña.
El precepto fue recurrido por el Gobierno al entender que vulnera el derecho que los ciudadanos de toda España tienen a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, primando a los que ya cuentan con destino en Cataluña.
El tribunal dictó ayer una providencia en la que acuerda dar traslado del recurso al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, que dispondrán de 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. Esta decisión no prejuzga el fondo del asunto.
El citado artículo añadía a la ley dos disposiciones adicionales relativas a la integración voluntaria (reconocimiento del derecho) de funcionarios en los Cuerpos Superior de Inspectores Tributarios y de Técnicos de Gestión Tributaria, ambos de la Generalidad de Cataluña.
Las razones esgrimidas por el Gobierno para impugnar este artículo son que vulnera el derecho fundamental del artículo 23, “por el que los ciudadanos de toda la nación tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.
Así como el artículo 103.3 de la Constitución que establece el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.
Reacciones
La vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, denunció que la decisión del TC es una prueba más de la “asfixia” y la “recentralización” que aplica el Estado.
El candidato de Unió a la Generalitat, Ramón Espadaler, defendió singularizar los derechos de Cataluña, también desde la perspectiva fiscal, a través de una disposición adicional en la Constitución para evitar suspensiones o anulaciones del alto tribunal.
Por su parte, el sindicato de los funcionarios CSIF pidió al Gobierno de la Generalitat que “respete” el principio de independencia y neutralidad de los empleados públicos y su obligación de respetar el marco constitucional y la ley vigente.
