El exconseller de Interior Joaquim Forn y los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart asumieron ayer en el Tribunal Supremo que las vías constitucionales son las únicas válidas para defender la independencia.
Con frases como “reconozco la Constitución y las resoluciones judiciales” (Forn), “el único referéndum con validez sería el que convocara el Estado” (Cuixart) o con la confesión de que existía una hoja de ruta independentista (Sánchez), los tres comparecientes quisieron demostrar, aparentemente, su nula voluntad de reincidir en el delito y su deseo de cooperar con la Justicia.
Ese riesgo de reincidir en el delito fue el argumento usado por el magistrado que sigue el caso por el proceso independentista, Pablo Llarena, para mantenerles en prisión provisional.

A petición propia
Tras sus comparecencias, hechas a petición propia, las defensas de los imputados, que están en prisión preventiva desde octubre (noviembre en el caso del exconseller), anunciaron que presentarán escritos para pedir su salida en libertad bajo fianza.
Por su parte, el ministerio
fiscal, que ayer estuvo representado por Fidel Cadenas y Jaime Moreno, estudiará cuál es su posición respecto a una posible salida en libertad.
Esta línea de asunción de la legalidad ya fue abierta por la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a ella se acogieron otros miembros de la Mesa y varios exconsellers que están en libertad bajo fianza.
Según fuentes presentes en las declaraciones de ayer, tanto Forn como el presidente de Ómnium Cultural, Cuixart, y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Sánchez, renunciaron a la vía unilateral y expresaron que la independencia en Cataluña solo debe ser perseguida respetando la Constitución.
Forn aseguró al instructor claramente que siempre acató la Constitución. En este sentido, concedió valor a la norma fundamental como norma jurídica suprema del Estado y ha prometido que su actuación política será siempre respetuosa con ella.
Así, consideró que, sin renunciar a sus objetivos independentistas, lo cierto es que la actuación política a partir de ahora debe venir por cauces constitucionales.
Según fuentes presentes en la declaración, los tres imputados admitieron algunos hechos ilegales: Sánchez reconoció que el 1–O fue ilegal, Cuixart asumió que desde Ómnium convocaron a la participación, aun a sabiendas de que no era legal, y Forn confesó que participó en el 1-O, con conocimiento de que era un acto prohibido por el Constitucional. Todos restaron valor legal a ese referéndum. En ese sentido, Cuixart señaló que la declaración unilateral de independencia fue meramente simbólica.
Por su lado, Sánchez añadió el reconocimiento de que desde 2015 existía una “hoja de ruta”, cuyos objetivos compartían ANC, Ómnium Cultural, ERC y CDC. Ese reconocimiento confirma los datos extraídos por los investigadores del documento
Enfocats, incautado al segundo de Oriol Junqueras, Josep María Jové. A partir de ese documento Llarena imputó al expresidente catalán Artur Mas y a la dirigente de ERC Marta Rovira.