La provincia de A Coruña será incluida entre las regiones europeas que podrán beneficiarse de las ayudas comunitarias para la transición energética justa, mientras que Galicia ya ha sido incorporada en la Plataforma de Regiones Carboníferas. Estos dos hitos, fundamentales a la hora de paliar los efectos en el tejido económico de la comarca en el proceso de descarbonización, fueron anunciados ayer por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, a los miembros de la II Mesa de Transición de As Pontes, celebrada ayer en Madrid.

El encuentro, en el que participaron representantes del Gobierno central, la Xunta, el Concello de As Pontes, centrales sindicales y la propia Endesa, sirvió para avanzar en una hoja de ruta común de cara a minimizar los daños que traerá consigo el posible cierre de la central térmica de la villa pontesa, una clausura que la compañía situó, de no obtenerse resultados positivos en las pruebas que tendrán lugar entre mayo y junio del presente año, a mediados de 2021.

Encuentro agridulce

A pesar de que esta mesa de trabajo sirvió para concretar ciertos puntos de actuación de cara a los próximos años, la falta de medidas inmediatas hizo que muchos de los asistentes calificasen el encuentro de “decepcionante”. Es el caso del conselleiro de Economía e Emprego, Francisco Conde, que insistió una vez más en la necesidad de activar mecanismos fiscales, como la eliminación del “céntimo verde” al carbón, para volver a poner en funcionamiento la central de forma inmediata –una tesis que desde la propia compañía se señaló en reiteradas ocasiones como insuficiente–.

Conde criticó que, a día de hoy, “non temos certezas nin sobre a reactivación da planta, nin sobre a situación na que as auxiliares e transportistas van poder desenvolver a súa actividade”, incidiendo además en que “o peche non pode ser a resposta, xa que con 1.400 megavatios a batería de España merece unha segunda vida”. En esta línea, el responsable de Economía de la Xunta apuntó que hay que “reclamar máis fondos á Unión Europea, xa que España sae penalizada polo reparto” –a pesar de que las cifras comunitarias son una estimación provisional para regiones productoras de carbón, no transformadoras, y que podría cambiar con la futura incorporación de A Coruña–.

Del mismo modo se expresó el representante de los trabajadores de las empresas auxiliares, Alberte Amado (CIG), que criticó “a falta de concreción, tanto por parte do Ministerio como de Endesa”. Amado apuntó que la compañía “desconfía dos resultados [de las pruebas], sobre todo dende a parte económica”, dado que “ve difícil que o prezo encaixe no mix eléctrico a día de hoxe”.

“A partir de aí xa afonda no proxecto de implantación de enerxía eólica (...) e na formación ou a previsión de poder contar nun futuro coa industria auxiliar para eses postos de traballo, pero todo no aire”, apuntó. “Dende o punto de vista das centrais sindicais trasladámoslle [a los asistentes] o que nós entendemos como o sistema de traballo desta mesa, con prioridade a unhas submesas que tratasen a situación da industria auxiliar e dos transportistas”, finalizó.

En el polo opuesto se situó el Concello de As Pontes, que mostró su “satisfacción”, tanto por la rapidez en la convocatoria del encuentro, como por los acuerdos “dunha extensa reunión na que tanto o Ministerio como a Xunta de Galicia amosaron o seu compromiso con As Pontes e fixeron fincapé na necesidade de esixir a Endesa que se implique de forma firme no estudo da viabilidade das probas con biocombustibles”, según expresó la edil de Industria del Concello, Ana Pena.

Plan de Futuro

Por otra parte, Endesa amplió durante el encuentro la información sobre sus planes de futuro en el área. Fuentes de la compañía apuntaron que se ha destinado una partida de 1.581 millones de euros para sustituir los 1.468 megavatios térmicos de la central por 1.505 de renovables, principalmente generación eólica. En este sentido, la compañía contempla tres fases para la transición: en primer lugar, el desmantelamiento de la central, que se iniciaría cuando autorizasen el cierre. Esta parte tendrá una duración aproximada de cuatro años y generará una media de 130 empleos directos, con picos puntuales de 200. La segunda fase, que se iniciaría con la obtención de la conexión a la red y las pertinentes autorizaciones, consistirá en la construcción de las instalaciones renovables durante los siguientes seis años y generará unos 7.500 empleos directos, priorizando la contratación local. Finalmente, el mantenimiento de las instalaciones duraría unos 25 años y generará 125 empleos.

A pesar de este plan de futuro, el propio director general territorial de Endesa, Miguel Temboury, expresó su compromiso “con la realización de todas las pruebas que sean necesarias para encontrar una mezcla de combustible que permita la viabilidad técnica, medioambiental y económica, en su conjunto o parcialmente, de la central térmica de As Pontes”.