El Ministerio de Fomento reiteró su rechazo a transferir la gestión de la autopista AP-9, que explota una concesionaria privada hasta el año 2048, alegando motivos económicos, en un informe que pretende impedir el debate de una iniciativa en el Congreso.

El informe de Fomento, cuyo contenido fue divulgado ayer, va precedido de una carta del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales dirigida al Congreso en que señala que aprobar la proposición no de ley “supondría un aumento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad”.

Motivos económicos

Fomento alega motivos económicos al señalar que la proposición no de ley tendría un coste para las arcas públicas de unos 4.500 millones de euros, en base a una proyección de que el año pasado la firma concesionaria Audasa tuvo unos ingresos derivados del peaje de 138,6 millones.

“El coste estimado de rescate de toda la concesión está cifrado en más de 4.400 millones de euros”, indica el informe presentado por el ministerio de Fomento acerca de la proposición de ley presentada en el Congreso

El Parlamento de Galicia aprobó en sesión plenaria el 15 de marzo de 2016, con los votos a favor de los 72 diputados presentes, un dictamen de la Comisión de Ordenación Territorial para pedir la transferencia de la titularidad y competencia de la AP-9 del Gobierno central a la Xunta

El Gobierno central vetó en enero pasado la tramitación en el Congreso de esa iniciativa en aplicación de su prerrogativa constitucional de rechazar aquellas propuestas que afecten a los ingresos o gastos.

Titularidad

El Parlamento autonómico gallego volvió entonces a aprobar de nuevo por unanimidad, el 7 de marzo, una nueva proposición no de ley para pedir en el Congreso el traspaso de la AP-9 después de eliminar de la propuesta algunos puntos que habían impedido la tramitación de la anterior iniciativa, y que ahora fue de nuevo rechazada por Fomento.

En ese debate parlamentario, el diputado autonómico del PPdeG Martín Fernández Prado matizó incluso que “lo que se discute es la titularidad de la infraestructura, no la eliminación de los peajes”.

Tras conocer la noticia, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que el Gobierno autonómico mantiene la postura de “reclamar la titularidad” de la AP-9 para Galicia porque “sería beneficiosa para el funcionamiento del servicio”.

El vicepresidente de la Xunta se limitó a indicar que “se acaba de conocer esa comunicación para hacer una valoración más en detalle”.

“Esperemos que se nos den las oportunidades y canales adecuados para demostrar lo que se afirma desde la Xunta, que la transferencia sería beneficiosa para el funcionamiento”, afirmó.

“Es fácil deducir nuestra postura sobre esa comunicación”, agregó, tras asegurar que “es conocida” la intención de la Xunta de que se transfiera la autopista.

El informe del Ministerio de Fomento contrario a la tramitación de la iniciativa, aprobada en el Parlamento gallego por unanimidad, fue aportado a la Cámara Baja por el Ministerio de la Presidencia con fecha del jueves.