Vilariño y del Real niegan que la retribución de los servicios del Puerto fuesen ilegales

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El actual presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, José Manuel Vilariño, y su antecesor en el cargo, Ángel del Real, comparecieron ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol en calidad de investigados por un caso de malversación de fondos en la entidad.
Se juzga concretamente el pago de las inmdenizaciones por razón de servicio que algunos delegados del Consejo de Administración del puerto recibieron desde el año 2002 sin haber hecho acto de presencia en las sesiones.
La parte letrada de José Manuel Vilariño y de Ángel del Real se amparó en un real decreto de 2002 y en una instrucción de Puertos del Estado del año 2003 en los que consta que “se pueden obtener estos pagos tanto si se hace acto de presencia como si se delega el voto”, pues en cualquier caso “ha existido un trabajo de estudio y análisis de los puntos del día a la hora de emitir un voto”. 
La defensa también presentó un informe de la dirección general de los servicios jurídicos del Estado en el que se ampara esta práctica. Recordó, además, que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) no denunció la situación, sino que emitió “una recomendación” sobre estos pagos a los delegados ausentes.
La asesoría del Puerto explicó que en su momento se aceptó esa sugerencia del ente estatal no por motivos de legalidad, sino por razones de “austeridad”, tal y como exponía el documento emitido por la IGAE.

pago automático
El caso saltó a raíz de una auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que advirtió que un delegado del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria había cobrado 4.565 euros sin haber “asistido presencialmente a ninguna de las sesiones en 2012”.
Se trataba de Diego Calvo, por entonces presidente de la Diputación de A Coruña y concejal del Ayuntamiento de Ferrol, que tras hacerse pública la información devolvió esos 4.500 euros en conceptos de dietas por sesiones del consejo a las que no asistió y en las que había delegado el voto en Ángel del Real.

Vilariño y del Real niegan que la retribución de los servicios del Puerto fuesen ilegales