La gran banca acreedora decidió no adherirse al nuevo convenio de acreedores que presentó Fernando Martín para salvar a la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que tras este rechazo entraría formalmente en causa de liquidación.

Según señalaron fuentes financieras, la banca acreedora considera que la liquidación ordenada de la compañía es la mejor opción dada la falta de liquidez por la que atraviesa Martinsa, condenada además al pago de más de 60 millones de euros en costas tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

La banca acreedora de Martinsa entiende que la liquidación de la compañía, que llegó a ser una de las inmobiliarias más importantes de España, introducirá control judicial sobre ella y más transparencia, y permitirá conocer el valor real de sus activos y emplear los fondos obtenidos en resarcir a los acreedores.

El titular del juzgado de lo Mercantil número uno de A Coruña, Pablo González-Carreró, dio de plazo hasta ayer para que los acreedores de Martinsa Fadesa pudieran adherirse al nuevo convenio de acreedores que la compañía presentó in extremis a finales de 2014 en un intento por ganar tiempo ante una más que probable liquidación.

Responsabilidad

La banca optó finalmente por dejar caer a la compañía –con 70 empleados– apelando a la responsabilidad que tienen con sus accionistas y evitando así un planteamiento que lo único que buscaba era que la banca entregase a Martinsa Fadesa 6.000 millones de euros, apuntaron las mismas fuentes.

En este sentido, aseguraron que la propuesta presentada por Fernando Martín no tenía apoyos y no era ni creíble ni viable, y criticaron que entre las exigencias que planteaba estuviera mantener su sueldo millonario a pesar de las pérdidas que registraba la compañía y su falta de liquidez.

El 11 de marzo de 2011, el juzgado gallego aprobó el plan de Martinsa Fadesa para pagar sus 7.200 millones de euros de deuda en un plazo de hasta 10 años y levantar uno de los mayores concursos de España.

Ante la posibilidad de incurrir en un nuevo impago, Martín presentó una modificación del convenio con el que buscaba quedarse con 883 millones en activos (frente a los 1.100 millones recogidos en la anterior propuesta) y con 489 millones de euros de pasivo (frente a los 507 millones anteriores), lo que arroja un déficit patrimonial de 394 millones de euros (desde los 593 millones iniciales).

Sin embargo, dos terceras partes del pasivo que estaría dispuesto a asumir el empresario solo se transformarían en deuda en determinadas situaciones.

Además Martín proponía hacer daciones en pago con la banca por 1.525 millones. No obstante, en ese importe se incluyen también los préstamos bilaterales por 314 millones que en caso de impago serían ejecutados por las entidades financieras.