Los investigadores del caso “Torre” ven indicios de diversos ilícitos penales

foto de archivo de la retirada de documentación tras el registro efectuado en el concello d. alexandre
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El estudio de la documentación intervenida en los registros en el marco de la Operación “Torre” por supuestas contrataciones a dedo por parte del Concello de Ferrol ha permitido a los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial de A Coruña concluir que, los hechos analizados, podrían ser constitutivos de diversos ilícitos penales contra la Administración Pública.

En este sentido, apuntan que el supuesto delito de falsedad en documento podría atribuirse a los aparejadores municipales Mar Piñeiro y David Couselo, “por emitir certificaciones de obras relativas al contrato del servicio de mantenimiento de infrestructuras del Concello de Ferrol para los años 2010 y 2011” con cantidades superiores a las que realmente deberían haber sido. Añaden que también podría aplicarse la empresa Guillermo Sanmartín, “por amoldar las facturas por importes superiores a los realmente realizados y en clara connivencia con los anteriores”.

En cuanto al presunto delito de prevaricación, la UDEF señala que podría haber sido cometido por parte de los dos aparejadores municipales, al certificar como funcionarios públicos las obras realizadas por la empresa Sanmartín, entendiendo la certificación como “resolución administrativa que adjudicó el servicio de mantenimiento de infraestructuras anteriormente citado”. A este respecto, puntualizan que se dan los requisitos del tipo, por ser resolución administrativa, arbitraria y emitida a sabiendas de su injusticia, ya que la misma no se ajusta a derecho por certificar en muchos casos más de lo debido y en otros sin base para certificar al no constar los partes de obra de la empresa.

En este mismo sentido, los investigadores le atribuyen el supuesto delito de prevaricación al que era coordinador del área de Urbanismo y Medio Ambiente, Ángel Mato, y al entonces concejal de Obras, Gerardo López Castrillón, en relación con unos contratos en los que, al parecer, a propuesta de este último, “se realizan un montón de pequeñas obras por parte de la empresa Albanese”, cuya adjudicación fue firmada por Mato, cuando dichos trabajos tendrían que haber sido realizados por Sanmartín, que era la adjudicataria del contrato.

El mismo delito se atribuye al interventor Vicente Calvo del Castillo y se hace en base a un documento aportado por el interventor Leopoldo Moure Dopico, en el que se pone de manifiesto que durante su período vacacional, Calvo del Castillo dio el visto bueno, en virtud de informes de fiscalización, a una serie de facturas emitidas por Albanese, por problemas de fraccionamiento y falta de claridad en el objeto, aduciendo que la situación se había normalizado. Moure Dopico constató que los pagos se realizaron por el procedimiento ordinario para pagos de menos de 3.000 euros, sin proceder a reconocimiento extrajudicial de deuda. Al parecer, de este modo se abonaron siete facturas por importe global de 10.518,20 euros y otras 41 por 37.487,79 euros.

Por lo que respecta al supuesto delito de malversación de caudales públicos, la UDEF responsabiliza a los dos aparejadores, así como a los empresarios Guillermo Sanmartín y María Dolores Fernández Rico (gerente de Albanese) como cooperadores necesarios de los anteriores. Se les culpa de certificar más de lo debido y, por ende, pagar el Concello más de lo estrictamente realizado por la empresa Sanmartín y por contratar trabajos de pequeñas obras a empresa distinta (Albanese) de la ganadora de la licitación.

En el mismo sentido, señalan que Ángel Mato y Gerardo López incurrirían en el mismo delito, ya que, teniendo conocimiento de que el servicio de mantenimiento fue adjudicado a Sanmartín, destinaron más fondos públicos a favor de Albanese, con claro perjuicio para el erario público.

En base a los criterios de fiscalización se atribuye también la supuesta malversación al interventor Vicente Calvo, por dar paso a facturas paralizadas por Leopoldo Moure.

Por último, y siempre según la UDEF, estaría el delito de tráfico de influencias, presuntamente cometido por los dos aparejadores, el que era concejal de Obras y los dos empresarios. Se explica que para la comisión de este ilícito penal se requiere una cierta connivencia entre el sector público y el privado, precisando que la instrucción considera que “se han tenido forzosamente que realizar influencias con el fin de conseguir resoluciones que pueden generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”.

Los investigadores del caso “Torre” ven indicios de diversos ilícitos penales