En Marea acusa a la dirección de Navantia de la “calamitosa” situación del astillero público

La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, valoró ayer como “calamitosa” la situación de Navantia, algo que atribuyó a la gestión que está realizando la dirección de la empresa pública. Dichas políticas, según Díaz, están motivando pérdidas económicas “que han llevado a la compañía a una situación de riesgo real y de incertidumbres que pueden condicionar su futuro”.
En el contexto de un sector industrial “muy relevante” para la comarca, la diputada advirtió de la pérdida de “hasta 20 millones de euros en tan solo dos meses”. Para modificar la situación actual, Díaz reclamó “la puesta en marcha un plan financiero que permita reordenar el equilibro de las cuentas públicas del astillero” y también pidió al Gobierno en funciones “cumplir el acuerdo parlamentario que pedía la elaboración de un plan industrial para Navantia”, negociado con los sindicatos.
En otra de las iniciativas, En Marea acusa al Ejecutivo de Rajoy y del PP “de incumplir acuerdos con esta comarca y con el sector naval”, y recuerda que en la exigua legislatura pasada “todos los grupos políticos presentaron, a instancias de los sindicatos, iniciativas colectivas para exigir en todos los centros de trabajo de Navantia carga de trabajo”. “Ya han pasado varios meses y la situación sigue siendo la misma”, censuró.
La también coordinadora nacional de Esquerda Unida acusó a la dirección de Navantia de “vulnerar los derechos logrados por los prejubilados” y así ha recordado la sentencia por la que la Audiencia Nacional obliga a devolver a los trabajadores de la antigua Izar, hoy Navantia, “los complementos del uno por ciento que les habían sido descontados por la bajada del IPC en el año 2014”.
En Marea también ha llevado al Congreso las denuncias que el comité de empresa de Navantia Ferrol ha venido realizando en el mes de julio sobre el proceso iniciado por parte de la dirección de la compañía para incorporar a nuevos empleados, concretamente 25 ingenieros, acción que según los representantes de los trabajadores se realizó “sin transparencia”.
Al respecto, Díaz recordó que existe un informe de la dirección provincial de trabajo que “certifica la ilegalidad del procedimiento”, algo que será también llevado a debate una vez se constituyan las comisiones en el Congreso.