La decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia penal del PP contra la Marea por la compra irregular de los pisos por parte del Gobierno local que dirige –dos de ellos a un afín al partido– se reenganchó ayer a la actualidad informativa después de unos días de tranquilidad por la disputa surgida entre el Ayuntamiento y los tres grupos de la oposición. Los representantes del PP, el PSOE y el BNG exigieron al Consistorio que asumiese que, a pesar de no haber delito, habría que haber depurado responsabilidades políticas. En un clima de enfrentamiento, desde el Gobierno local reclamaron que se les pidiese perdón por haber puesto en duda su trabajo.
El concejal de Empleo y Economía Social, Alberto Lema, acudió ayer al debate político de Radio Coruña dispuesto a hablar del archivo de la causa penal por la compra de los pisos, en cuya polémica se vio envuelto con su homólogo en el área de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda, Alberto Lema. Dada la decisión de la Fiscalía de evitar la querella tras abrir diligencias, el edil solicitó a la portavoz del PP, Rosa Gallego, y a los cabezas de lista a las elecciones municipales del PSOE y el BNG, Inés Rey y Francisco Jorquera, respectivamente, que le pidiesen perdón por todas las acusaciones.
Lema aseguró que con el fallo se hizo “xustiza”, pero Gallego le advirtió que “no hay sentencia por lo que no se hizo justicia ni se dejó de hacer”. El edil aseguró que la popular trataba de confundir, mientras que tanto Rey como Jorquera le advirtieron de que la falta de responsabilidades de carácter penal no implicaba que no las hubiese en el ámbito político.
“Foi un fracaso absoluto de xestión”, resaltó Jorquera, que lamentó que de seis inmuebles que se compraron solo hay uno sobre el que no pesan dudas. Por su parte, la candidata socialista afeó a Lema la “ausencia de políticas en materia de vivenda” del Gobierno local. De hecho, en una charla bronca plagada de interrupciones, Rey recordó que el informe dado a conocer la semana pasada también hablaba de que se encontró cierto “obstruccionismo” por parte del Consistorio cuando es el que “enarbola la bandera de la transparencia”.
A pesar de que el PSOE ha sido el partido que ha permitido gobernar a la Marea en estos años, Rey fue de las más duras al comentar que “se gestiona poco pero de vez en cuando se hace” y entonces surgen los equívocos. A estas acusaciones el responsable del área de Empleo respondió advirtiendo de que “non admitimos consellos de quen tería ao Concello na bancarrota” por los problemas vinculados al edificio Conde de Fenosa y las indemnizaciones pendientes de pago. No obstante, también los vendedores actuales podrían pedir daños y perjuicios a la Administración local.
En cuanto a la culpabilización de los funcionarios, Jorquera pidió que no se escudasen en eso porque loas nacionalistas “tiñan feito advertencias reiteradas de que as cousas non se estaban facendo ben e foron ignoradas”.
“De boa fe”
Con las reacciones a la decisión judicial aún surgiendo, el alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró que cada vez que se toma un acuerdo en el proceso administrativo que continúa su curso se informa. “Non hai nada que ocultar, a Fiscalía o que veu a confirmar é que os concelleiros actuaron de boa fe e que non é o mesmo a corrupción que un proceso con erros”, recalcó.
“A nulidade de oficio a iniciamos unha vez constatados os problemas e sigue o seu curso normalmente”, afirmó el regidor, que reconoció que desconoce si los afectados por el concurso de viviendas han denunciado o no. “Teñen uns dereitos que poden recurrir por vía administrativa ou no contencioso”, afirmó.