La Guardia Civil detuvo ayer al tesorero de CDC, Andreu Viloca Serrano, por delitos relacionados con la corrupción. También fueron arrestados el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell i Polo, y seis empresarios. Viloca Serrano es, además de tesorero de CDC, administrador de las fundaciones Nous Catalans y CatDem. También fue detenido el secretario del patronato de la fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo. 

La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero de CDC un total de seis delitos relacionados con la corrupción que son los de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.

Un total de seis empresarios fueron detenidos ayer en la misma causa que el tesorero de CDC. Los detenidos son Jordi Soler, Juan Luis Romero Gamero (presidente de Rogasa), Xavier Tauler Ferrer (Copisa), Antonio García Bragado, Sergi Lerma y un sexto de apellido Bassols. Todos ellos fueron detenidos a primera hora de la mañana.

La operación supuso la detención de ocho personas y la realización de 11 registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de varias empresas.

La operación está a cargo de la Policía Judicial de Tarragona, con apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la zona de Cataluña, y se enmarca en la investigación por el supuesto pago de comisiones ilegales a cambio de obra pública, que investigan la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

Los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda abandonaron sobre las 11.15 horas de ayer la sede de central de CDC en Barcelona tras participar durante media hora en el registro que dirigen por el presunto cobro de comisiones.

Hasta la sede de los convergentes se desplazaron cuatro vehículos de la Guardia Civil, y dos agentes se situaron custodiando la puerta, frente a la que se concentraron muchos medios de comunicación.

La Guardia Civil registró también el Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages, dentro de la operación “Petrum”, con el objetivo de recabar información para esclarecer si CDC cobró “el 3%” del coste de la construcción en 2009 del centro cívico Nexe, en alusión a presuntas comisiones por adjudicación de obra pública. Así lo explicaron el alcalde, Joan Carles Batanés (Gent Fent Poble), que concretó que los agentes reclamaron el expediente referente a “la contratación y ejecución del proyecto Nexe” en la anterior legislatura, cuando CDC tenía mayoría absoluta.

El grupo Soler ganó el concurso público y se encargó de la construcción del centro: “Tres días antes de acabar la obra se hizo una certificación extra por valor de 35.000 euros a favor de la empresa, un importe muy cercano al 3% del coste total”.

El alcalde concretó que, “poco después, la empresa del grupo Soler hizo una donación de un importe similar a la fundación de CDC”, lo que justifica la investigación de la Guardia Civil. La Guardia Civil busca en el Ayuntamiento de Olot (Girona) el contrato de concesión del servicio de basuras de la ciudad que se aprobó en 2011 y que actualmente sigue en vigor, según explicaron fuentes de la investigación.

Dos patrullas de la Guardia Civil, con diversos agentes, registraron el Consistorio.

El alcalde de Olot, Josep Maria Corominas (CDC), se mostró sorprendido por el registro y aseguró estar “tranquilo”, ya que afirmó que todo se hizo según estaba establecido.