El grupo socialista, a través de los senadores gallegos Paula Fernández, Javier Losada, Ángeles Marra, Ricardo Varela y Miguel Fidalgo, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado por la Mesa de la Cámara Alta en el que reconocen la idoneidad del recurso presentado por los socialistas en el que reclamaban amparo al Senado ante el hecho de que el Gobierno no facilitara el expediente tramitado ante la Comisión Europea referente al proyecto del dique flotante de Ferrol, incluyendo la respuesta dada por la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea. Tal y como se recordó, la formación solicitó dicha información el pasado mes de octubre, obteniendo una respuesta negativa por parte del ejecutivo del PP al argumentar que no podía facilitar estos datos “porque, teóricamente, se dejaría en desamparo los derechos de Navantia y podría afectar a la situación competitiva de la empresa”.
Ahora, destacan los socialista, el Senado ha resuelto solicitar al Ejecutivo que aclare las razones de su negativa y “aporte razones fundadas en Derecho que complementen las manifestadas en su contestación a la solicitud del informe de referencia”.

intento de ocultación
Para la senadora autonómica Paula Fernández Pena, esta negativa del PP confirma que tanto el Gobierno estatal como el autonómico de la Xunta “quieren ocultar la posición real de la Unión Europea frente al dique flontante”, algo que, según añade, quedó en evidencia con la respuesta facilitada desde la propia cámara europea, que llegó a asegurar que “las condiciones en las que el hecho de contribuir con fondos públicos a la construcción de un muelle flotante en Ferrol, sobre la base de la información proporcionada, podría ser constitutivo de ayuda”.
Sin embargo, lamentan desde el PSOE, ambas administraciones han seguido usando como argumento para justificar la parálisis del dique flotante la existencia de este informe, del que, hasta ahora, se negaban a dar cuenta. En la respuesta dada por el Gobierno a los senadores gallegos se aseguraba que la negativa a dar la información requerida se basaba en que las comunicaciones entre la Comisión Europea y los estados miembros están amparadas por “el deber de reserva mutua que prescribe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, algo, recuerdan desde el grupo socialista, que causó sorpresa e indignación.