El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) reeditó ayer una decisión antigua y volvió a aprobar que se otorgue a las comunidades un mayor margen de déficit y de deuda para los próximos ejercicios, tras la reunión telemática mantenida por los representantes de las administraciones autonómicas y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet. Sin embargo, la Xunta votó en contra de esta decisión por considerar que “implica más deuda para los gallegos”.
La senda de estabilidad propuesta por el Gobierno ha sido la misma que llevó al Consejo de Política Fiscal en julio, la cual eleva dos décimas el déficit público para 2019, del 0,1% vigente al 0,3%, y fijando como objetivos el 0,1% en 2020 y el cero déficit en 2021. Por otro lado, los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas para el trienio 2019-2021 son del 23,7% para 2019, 23% para 2020 y 22,2% para 2021. La propuesta salió adelante, dando un mayor margen de endeudamiento a las autonomías, pero no todos los votos fueron favorables. Las cinco comunidades gobernadas por el PP –entre ellas Galicia–, además de Canarias, se mostraron reacias a que saliese adelante esta medida.

Dudas sobre el bienestar
.La Xunta aclaró que se manifestó en contra porque la decisión “implica más deuda para los gallegos”, y además ya había sido rechazada en primera instancia en el Congreso.. Desde el Ejecutivo gallego afirman que esta apertura al déficit supone estar trabajando “en el sentido contrario” a lo pactado hasta ahora con otras instituciones europeas.
Desde el punto de vista de San Caetano, no debería elegirse esta opción en “escenario de fuerte recuperación económica y en un contexto en el que todos los organismos públicos dedicados a la prospectiva económica recomiendan reducir el peso de la deuda pública”. Pero una vez aprobada, en un comunicado las mismas fuentes advirtieron de que “solo anticipa subidas de impuestos y no garantiza la sostenibilidad del Estado de bienestar”.
Al margen de las distintas consideraciones de aquellos que descartaron la idea, la reunión de ayer se produjo por la necesidad del Gobierno de aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria, tras el rechazo del Congreso el pasado mes de julio a la senda propuesta, exactamente la misma a la fijada este miércoles con las comunidades.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan estos objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, el Gobierno cuenta con un plazo de un mes para volver a aprobar estos objetivos, que deben someterse de nuevo a votación en ambas cámaras.
A partir de ahora, el Ejecutivo central aprobará la nueva senda de estabilidad presupuestaria, previsiblemente mañana durante la celebración del Consejo de Ministros, incluido el límite de gasto no financiero, en el conocido acuerdo de techo de gasto. Este deberá trasladarse nuevamente a las Cortes Generales para su debate y posterior votación de los objetivos de estabilidad. l