El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, defendió que la voluntad de la Xunta es convocar oposiciones en el ámbito educativo y avanzó que, de hecho, mañana se abordarán las plazas por área con la mesa sectorial. Además, con la premisa de la “seguridad jurídica”, esgrimió que, si bien lo mejor es que haya presupuestos, el ministro del ramo apuntó a la posibilidad de buscar “otro tipo de soluciones” si esto no es posible.
En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara, tras presentar el libro de discursos parlamentarios del primer mandato de Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro aseguró que comprende la “preocupación” de los opositores y de sus familias ante una situación que ha definido como “incómoda” y una “incertidumbre” que “no es positiva” en la carrera de fondo que supone prepararse para optar a una oferta de empleo público (OPE).
Dicho esto, recalcó que a la Xunta le preocupa la “seguridad jurídica” del proceso, que debe hacerse conforme a los marcos legales fijados en los ámbitos estatal y autonómico. De hecho, subrayó que, en lo que compete al Ejecutivo gallego, se está desarrollando “todo aquello” que, en el marco de sus competencias, “es necesario para poder sacar adelante” la OPE.
Así, explicó que mañana está prevista una mesa sectorial con los sindicatos en la que se debatirá y planteará “todo lo que tiene que ver con las plazas de cada área de conocimiento”. “Estamos hablando de en torno a mil plazas y lo vamos a hablar con los sindicatos”, indicó, dado que en el ámbito educativo urgen “los plazos”.
El objetivo es que, “en el caso hipotético de que se puedan sacar estas plazas con la seguridad jurídica precisa”, Galicia tenga el trabajo avanzado. En todo caso, el conselleiro apeló a ser “cautos” y ha incidido en la importancia de garantizar la “seguridad jurídica” para evitar las situaciones de “frustración muy grande” que se produciría si el Estado invalida las oposiciones, como pasó “en otras comunidades”.
“Galicia tuvo, tiene y tendrá la voluntad de convocar la OPE dentro de los marcos legales establecidos”, se reafirmó, antes de apuntar que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ya dijo que se estaba trabajando para “poder plantear una línea de salida”.