9º-13º
viernes | 26 abril | 2024
El fiscal de la Audiencia Provincial de A Coruña mantuvo ayer su tesis sobre la falsificación de documentos para ocultar un informe negativo sobre el proyecto de dragado de la ría de Ferrol por parte de dos exaltos cargos de la Consellería de Medio Ambiente en 2011. Los acusados, Carlos Muñoz –antiguo jefe de Servicio de Conservación da Natureza de A Coruña– y Rogelio Fernández Díaz –exsubdirector xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade–, sostuvieron durante la primera sesión del proceso, celebrada el jueves, que únicamente habían redactado el documento por el que se les juzga “a modo aclaratorio”, un argumento que no convenció al fiscal.
De hecho, el Ministerio Público considera “acreditado” que ambos cargos “se pusieron de acuerdo” para forjar el documento y así “maquillar” el informe remitido a la Fiscalía. Por ello, el fiscal mantiene su petición de seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.
Intereses y presiones
Según el auto del juicio, ambos acusados presuntamente trataron de ocultar un expediente negativo de impacto ambiental sobre el proyecto de dragado de la ría de Ferrol. Dicho informe, elaborado por un técnico del departamento que Muñoz dirigía por aquel entonces, exponía conclusiones opuestas a otro elaborado por la estación biológica de A Graña, y finalmente no fue incluido en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.
Una vez realizada la obra, la organización ecologista Adega interpuso un recurso que llevó a la Fiscalía a solicitar dicho informe hasta en dos ocasiones. Así, en ambos requerimientos se incluyó una nota, que ambos acusados definieron como “aclaratoria”, que afirmaba que las discrepancias supuestamente se habían resuelto mediante una conversación telefónica.
No obstante, el técnico encargado de elaborar el informe afirmó, durante la sesión del jueves, que sufrió muchas “presiones” para cambiar sus conclusiones, dado que “había muchos intereses en la ría de Ferrol”. El funcionario, que también relató las “represalias” sufridas por negarse a modificar el informe, afirmó que su superior lo “llamó a su despacho” para anunciar que “habían devuelto el informe de Santiago” y que “había que darle una vuelta” porque “no había gustado”.
Segunda técnico
La declaración del técnico se vio reforzada por la de una segunda funcionaria que fue llamada a una otra reunión poco después. La bióloga afirmó que se les presionó una vez más para cambiar las conclusiones, a lo que respondió que, de rehacerse, sería “en los mismos términos”, dado que la declaración de A Graña “tenía graves carencias en sus contenidos”.
La técnico relató, además, que un año después mantuvo otro encuentro con Muñoz y un representante de la Autoridad Portuaria de Ferrol en la que se le instó a firmar la DIA al ser necesaria la rúbrica de un técnico, a lo que ella se negó por las “carencias” detectadas. Finalmente, relató, fue el propio Muñoz quien firmó el expediente, permitiendo así el inicio de las obras. Sin embargo, en torno al mes de noviembre, la bióloga fue llamada de nuevo por el acusado, dado que el proyecto tenía que ser avalado por un técnico. El que por aquel entonces era su superior presuntamente propuso “simular” la rúbrica, datando el documento meses atrás, a lo que la profesional se negó.
Mentiras
Ante los argumentos de que únicamente trataban de aclarar una discordancia en el procedimiento, el fiscal sostuvo que la intención de ambos “no era responder a la verdad”, dado que de ser cierto se habría incluido “otra nota informativa”. “Nos dice que nunca se respondió del servicio de Conservación da Natureza, pero es mentira”, afirmó el fiscal, añadiendo que “el técnico dijo aquí que se le consultó y se ratificó en que no iba a cambiar el informe”.
La defensa, por su parte, apuntó que “no se demostró” que la mencionada nota fuese falsa y que, de todas formas, esta no podía considerarse un documento público.
