El CSIF de Mugardos (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) ha expresado su malestar por una circular emitida por la alcaldesa de IU, Pilar Díaz, al jefe de la Policía Local de la villa en la que se prohibe a cualquier “servizo ou departamento –del cuerpo– enviar noticias ou notas de prensa aos medios de comunicación sen contar coa debida orde”.   
Los representantes del sindicato de funcionarios aclararon que “la información facilitada por el jefe de policía únicamente se refiere a las funciones llevadas a cabo por el cuerpo en su día a día con el objeto de prevenir o disuasir de cualquier practica ilegal y acercar la labor policial al ciudadano”. Además, consideran que este intento por moderar el flujo de información hacia los medios de comunicación contraviene su “derecho y libertad de expresión”. 
Lo cierto es que, aunque las prácticas consuetudinarias se muevan por otros derroteros, en la mayoría de administraciones públicas existen mandatos internos en este sentido, que regulan las manifestaciones públicas en nombre del Concello.  

máximo responsable
Precisamente en eso se apoya la actual alcaldesa de Mugardos, Pilar Díaz, que explicó ayer que “ningún funcionario municipal –tenga el rango que tenga– está autorizado a hablar en nombre del Concello. Esa función está reservada al área de gobierno y, como máxima responsable en última instancia, a la alcaldía”, expuso la primera edil.
“No es –insistió Díaz– una cuestión de censurar la información, ni de favorecer a unos medios o a otros, se trata de un recordatorio sobre quién tiene que administrar esas relaciones con la prensa. No hay que buscarle los tres pies al gato”, señaló.
Esta circular no es el único motivo de desencuentro entre el CSIF y la alcaldía. El sindicato también presentó ayer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos denunciando la intención del gobierno municipal, a instancias del Concejal de Personal, de retirar del nuevo acuartelamiento de la Policía Local tres equipos informáticos para realizar un formateo.
En el documento presentado ante la agencia estatal se explica que estos ordenadores contienen datos de carácter personal especialmente protegidos, como los relacionados con ideología, creencias, origen racial o relativos a la comisión de delitos, y que por lo tanto no deben ser sacados de las instalaciones y gestionados por una empresa 
–Sdweb, según consta en la reclamación– que no tiene un contrato con el ayuntamiento.
Por ello, solicitan que quede sin efecto esta solicitud hasta que el organismo no emita un informe sobre su procedimiento. n