La ONG internacional dedicada al estudio y prevención de la corrupción en el mundo, acaba de hacer público su último informe. Un informe sobre la situación de la corrupción a nivel mundial y por países correspondiente a 2023 que se refiere a la percepción de la corrupción tal y como se colige de las encuestas que realiza la institución entre distintos actores públicos y privados. Pues bien, España, como cabía esperar, sale mal parada. Desciende un lugar en la tabla y la ONG vuelve a recordar por enésima vez la negativa dependencia del ministerio fiscal del poder ejecutivo a la vez que recuerda la importancia de un poder judicial libre de presiones de la política.

En efecto, España vuelve a caer por tercer año consecutivo en el ránking global  de 2023 que elabora Transparencia Internacional, que considera que el debilitamiento del sistema judicial español es una de las causas fundamentales del descenso. Las causas:  la intromisión política en las actuaciones, como se comprueba estos días, de la fiscalía y la politización del sistema de selección de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. En este sentido, la ONG alemana ha centrado este año el foco del estudio en la justicia y el Estado de derecho por los dos asuntos que más preocupación han generado en 2023 en todo el mundo, consecuencia, estiman los expertos, del auge de los populismos y del deseo, obsesión incluso, de muchos poderes ejecutivos por dominar el poder judicial.  El presidente del Comité Asesor del Transparencia Internacional en España, Manuel Villoria, ha subrayado en esta línea que, en materia de percepción de la independencia judicial, España “está en la cola de Europa” por interferencias y la “constante intención de presionar” del Gobierno y los políticos en el poder judicial.  En efecto, en el ranking 2023, España se sitúa, junto con San Vicente y las Granadinas y Letonia, un puesto por encima de Botsuana (39/180), dos por encima de Qatar (40/180), y dos puestos por debajo de Lituania y Portugal (puesto 34/80 y puntuación 61/180). 

La corrupción en la contratación pública del tiempo de emergencia por el covid, que ahora empieza a aflorar, pone de relieve que en España sigue siendo un problema grave que golpea fuertemente un sistema político en que el Estado de Derecho va camino de convertirse en un Estado de deshecho. Según Transparencia Internacional España debe hacer esfuerzos sustanciales a nivel institucional, normativo y jurisdiccional pues cuando los compromisos políticos no son reales y las medidas efectivas de prevención y lucha contra la corrupción no se logran implementar de forma efectiva la corrupción crece. Por ello, considera que España tiene que emprender un esfuerzo importante para mejorar su posición en próximas ediciones. La realidad, mal que nos pese, es que aquí se pretende amnistiar delitos de corrupción, se usa políticamente la fiscalía y se mira para otro lado cuando emergen casos de corrupción en la contratación pública durante la emergencia del Covid. Para un combate creíble a esta lacra social es menester reforzar el estatuto de la Fiscalía General especialmente en materia de independencia del Gobierno y la renovación del Consejo General del Poder Judicial con arreglo a los estándares europeos, no a costumbres bananeras. 

En fin, el informe que se ha dado a conocer podría servir para, de nuevo, sacar del cajón la carpeta de la regeneración democrática y ponerse a la labor. Una labor difícil porque ahora, en plena crisis económica y financiera, supondría eliminar tantos cargos y organismos públicos que cobijan a adeptos y afines. 
Hoy, sin embargo, los ciudadanos, cada vez más indignados, esperan de verdad que los que dirigen den ejemplo y comiencen a percatarse de que otra política es necesaria, de que se terminaron los privilegios y esa forma de entender el poder en clave de exclusión y de aprovechamiento.