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A provechando que estamos en Navidad y que los sentimientos se vuelven flojos y el resarcimiento no se ve con tanto ahínco, conviene preguntarse: qué sentido tienen que el ex presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ingrese en prisión cuando el Senado acaba de aprobar la modificación del delito de malversación.


La prevaricación, el otro delito que se le atribuye, pero que no lleva aparejada pena de cárcel, es incuestionable. Tanto él, como Manuel Chaves, hicieron la vista gorda ante la falta de controles sobre el destino del dinero público. Lo que no se ha podido demostrar es que ninguno de los dos le dieran a nadie dinero en mano. Y en eso consiste la malversación.


No se trata de rebajar la gravedad de los hechos, si no de aplicar la cordura a la hora de obligar a entrar en prisión a un hombre, con un cáncer de próstata, para que salga a la calle poco después porque el Código Penal ya no contempla su delito. La Audiencia Provincial de Sevilla, cuyos miembros han sufrido el relevo generacional por el tiempo transcurrido en la instrucción de la causa, considera que Griñán era “plenamente consciente de la ilegalidad de los actos en los que participó, cuando era Consejero de Hacienda”. Y puede que sea verdad, pero el delito de malversación, en su nueva redacción, sólo contempla como delictivo el desvío de fondos públicos al lucro personal. Por otro lado, no está claro que las acciones de los independentistas catalanes, para los que se ha redactado la modificación del Código Penal, sean de menor gravedad que los ERE.


Griñán tenía complicado salir indemne de la sentencia condenatoria pero, el interés de Sánchez por consolidar el apoyo de ERC hasta el fin de la legislatura, ha sido la carambola inesperada que ahora le pude librar de la prisión. En plena campaña electoral de municipales y autonómicas, que comienza ya en enero, era improbable que el Gobierno asumiera el coste electoral de indultarle. El Tribunal Supremo, una vez que entre en vigor la modificación del delito, que no será antes de veinte días, decidirá la repercusión de la misma en las condenas de los líderes del “procés”, sobre todo Oriol Junqueras, que quiere volver a la política activa. A Griñán se le dio un plazo, que acababa el 1 de enero, para entrar voluntariamente en prisión. El recurso de su abogado apela a la enfermedad que padece. Se abre ahora otra fase procesal en la que la Audiencia de Sevilla va a solicitar un informe forense sobre el riesgo de la reclusión para su salud.

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