Merece realmente la pena meterse en un lío legal de todos los diablos, enfadando hasta a parte de los tuyos, para beneficiar a menos de cuarenta personas? ¿Es aconsejable agravar el frente de guerra ya abierto con una mayoría de los jueces con tal de situar en el Tribunal Constitucional a dos personas que, dicho sea con todos los respetos, son las menos idóneas para ocupar esos puestos? Pedro Sánchez cree que sí: que esas cuarenta personas representan a muchos ‘agravios’ del independentismo catalán con el que no queda más remedio que negociar una ‘conllevanza’. Y que esos dos futuros magistrados del máximo órgano de garantías jurídicas, máximo intérprete de la Constitución española, son esenciales para garantizar la ‘paz interna’ en el alto Tribunal. Ahora, lo importante es lo que piense una mayoría de los españoles: el inquilino de La Moncloa se la está jugando como nunca en su vida de equilibrista del poder.
 

‘Abaratar’ el delito de malversación, tras haber suprimido el de sedición, es un paso juzgado por completo innecesario por una mayoría de los juristas con los que he podido consultar estos días. Un paso destinado a beneficiar a menos de cuarenta independentistas condenados o encausados por delitos cometidos en torno a esas fechas de 2017 en las que se puso en riesgo la integridad territorial del Estado. Entre estos beneficiados está, claro, el propio Junqueras, que vería levantada su inhabilitación para presentarse a las elecciones generales o autonómicas catalanas. Y está igualmente nada menos que el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el máximo denostador de lo que significa España, cuyo regreso a tierras catalanas se da como cada vez más probable, lo que provocaría un serio quebranto en el apoyo al Gobierno central en el resto del país. Puigdemont será, ciertamente, un quebradero de cabeza para el entendimiento con el independentismo catalán en el año que entra.
 

Vamos a vivir horas de intensas disputas jurídicas en torno a lo actuado el pasado viernes por los grupos socialista y de Unidas Podemos, presentando una enmienda transaccional a la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya para disminuir las penas por malversación, tras haber logrado eliminar la figura penal de la sedición. No es lo mismo lo uno que lo otro: la sedición es un delito mal definido en el Código Penal, que se confunde fácilmente con la rebelión, y habría de ser revisado, aunque no en estos momentos, porque da la sensación --lo que es obvio-- de que se trata de beneficiar solamente a los encausados por el ‘procés’. La malversación, en cambio, también mejorable en su tratamiento en el CP, no requería de urgencia alguna para su reforma, más allá de la necesidad de facilitar un retorno a la política activa de los golpistas que trataron de forzar la independencia de Cataluña.
 

Al mismo tiempo, en círculos jurídicos se hacen cruces ante el hecho de que, aprovechando ‘lo de la malversación’, se trate de reformar nuevamente (y van tres) la Ley Orgánica del Poder Judicial y también la del Tribunal Constitucional. 
 

Dos propuestas perfectamente respetables, pero difícilmente idóneas.