Tormenta absoluta en el tercer poder de Montesquieu, justo cuando el Rey preside la apertura del año judicial. Nunca hubo tal revuelo en el mundo de las togas y las puñetas, jamás se interfirió tanto el poder político en la Justicia, rara vez el desprestigio, y lo malo es que no solamente a escala nacional, alcanzó tal nivel en el necesario equilibrio de poderes que conforma una buena democracia. Hemos llegado a un punto en el que, si las cosas no se arreglan en las próximas cuarenta y ocho horas, el daño a la propia imagen exterior de España, y que sufrirán los propios españoles en su confianza en el sistema, puede ser irreversible. El presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que inaugura solemnemente en las próximas horas el año judicial junto al jefe del Estado, ha llegado a estar enfrentado a una parte de los consejeros, que rechazaban incluso, contra lo que dice la ley, proponer nombres para ocupar dos vacantes del Tribunal Constitucional. Al tiempo, Lesmes es objeto de una campaña de filtraciones maliciosas (y creo que mendaces) que le presentan negociando subterráneamente con el Gobierno para obtener él mismo, cuando abandone su actual puesto, del que tendría que haber salido hace cuatro años, una plaza en el Constitucional, en cuya renovación está uno de los epicentros del enorme escándalo. El otro, ya se sabe, se sitúa en la renovación del propio Consejo del Poder Judicial, que lleva varada la nada despreciable cifra de mil trescientos cincuenta días, si mis cálculos no fallan.

Porque el Gobierno, así hay que presentarlo, quiere controlar el TC, y el Partido Popular no quiere perder el actual control sobre el alto organismo, última instancia de cualquier recurso. Y, para obtener ese control, el Ejecutivo ha llegado a ‘contrarreformar’ su propia reforma de la ley del poder judicial, intentando forzar al CGPJ a nombrar a dos magistrados para poder legalmente el propio Gobierno nombrar otros dos, que serían, claro, favorables a sus tesis.

Lógico que muchos magistrados del muy fracturado Consejo, que se han situado en posiciones claramente antagónicas al Gobierno, se sientan vejados y traten de paralizar un proceso que ya empezó mal, con un vergonzoso acuerdo subterráneo entre PSOE y PP el pasado mes de noviembre para nombrar a cuatro magistrados del TC ‘afines’ a uno y a otro partidos, uno de ellos sospechoso de no cumplir siquiera los requisitos necesarios para formar parte del Tribunal. Y, si la cosa empezó mal, continuó peor, reformando el Gobierno, también en 2021, la legislación, para impedir así que el CGPJ pudiese nombrar magistrados, argumentando que el mandato constitucional de este Consejo ha vencido ya, como arriba decía, ¡hace casi cuatro años!.

Pero, en este 2022, el Ejecutivo reformaba de forma exprés su propia reforma del año previo, para permitir ahora que el Consejo nombre -eso sí, solo a ellos-- a dos miembros del TC, posibilitando legalmente así al Ejecutivo para nombrar otros dos, afines, que darían mayoría a los socialistas en el importantísimo organismo que dirime en última instancia todos los conflictos que afectan a la Constitución, que por cierto son muchos y muy importantes. Comprenderé si usted me dice que no hay manera de entender este galimatías: la propia parálisis en la preceptiva renovación del gobierno de los jueces.