Pedir impunidad es cosa de abogados de oficio y pago, y también de delincuentes negando o justificando en su defensa el delito, pero jamás debería serlo de aquellos que gobiernan o se postulan, porque no son ni letrados de defensa, ni delincuentes, sino lo más sano de esa sociedad, lo más sagrado de la democracia; referencias en el ejemplo y en lo ejemplar. 
 

Siguiendo este razonamiento no entiendo que el gobierno catalán exija que se rebajen las penas de un delito cometido por alguno de sus miembros, y menos aún en el marco de la negociación de los presupuestos que han de marcar el rumbo social y económico de esta sociedad, y del que ellos son partícipes, dando la impresión de que no les importan otro supuesto o presupuesto que el que a ellos competen. 
 

Estas reivindicaciones de índole, cuasi personal, se deben realizar por otras vías. Sé que desconocen el arrojo de E. Goldman en la desobediencia y carecen de la perspicacia de A. Dufourmantelle, a la hora de asumir el riesgo. Si así se condujesen serían consecuentes con su causa y no pedirían que se rebajen las penas sino que no se pene esa pena que es su pantomima supremacista.
 

No es un debate entre derechas o izquierdas, ninguno va en serio en eso, cada uno, en su papel, va a lo suyo, que no somos nosotros pero sí lo nuestro, eso sí, engendrando odio y rabia, porque en ellos enmascaran el descaro de exigir impunidad ahora para el proceso, mañana para su proceder.