Un país moroso

España se está constituyendo como uno de los países más morosos, por el impago de los arbitrajes comprometidos con las compañías de energía renovable, situando a nuestro país, en el número de casos, a la altura de Venezuela y por encima de Rusia, según el Tribunal de Arbitraje en 2023.

El proceso sigue en marcha y existe la posibilidad de que en el presente año empeore, al estar pendientes de ejecutar unos diez expedientes de arbitraje, los cuales con seguridad, serán desfavorables a los intereses de España, en la actualidad, nuestro país, lleva 15 sentencias en contra, según los Tribunales de Arbitraje, los cuales están sin abonar y alcanzan la cantidad de unos 1.300 millones de dólares americanos, lo que supone traducido a euros, la nada desdeñable cifra de unos 1.200 millones.
Lo curioso, es que con este mismo número de impagos, aparece Venezuela, cuya deuda, es mucho más elevada, por su parte Rusia, presenta nueve impagos, aunque, su deuda es mareante, con más de 60.000 millones de dólares, siendo los países que tienen algún impago 14 con entre 1 y 4 impagos. La deuda española sin pagar, le sitúa en primer lugar de la lista, sin tener en cuenta los litigios abiertos, que suman 51 expedientes, el más elevado de todos los países y muy por delante de países como Italia, con 14 y Rumania con ocho, donde la mayoría de los pleitos han sido zanjados.

Los Estados de la Unión Europea, en la que se haya España, ya han renunciado a salir del Tratado de la Carta de la Energía, pero eso, no exime el cumplir con lo resuelto, al tratarse de unas inversiones ejecutadas y en vigor, según dicho tratado por espacio de 20 años, teniendo que respetarse dicha Carta, hasta que se proceda a la salida del acuerdo, a partir de ahí, será diferente, pero hasta entonces, hay que dar cumplimiento a lo firmado. Dichos impagos están provocando que los tribunales ordenen embargar los bienes españoles, por las reclamaciones de los fondos de inversión. Así la Justicia Británica autorizó el embargo cautelar del derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Pestrige, que suman unos 900 millones de euros, así como la sede del Instituto Cervantes en Londres, la Escuela Internacional Vicente Cañada, una cuenta bancaria del estado Español y una promoción económica catalana. 

En Australia, la Corte Suprema, emitió una sentencia y en los Estados Unidos, estudian los casos abiertos en la Corte del Distrito de Columbia, mientras que el Gobierno, emitió un informe, en el que alerta de los riesgos inversores en España, por su parte la Cámara de Comercio, se persona ante la Justicia, respaldando las demandas presentadas. También se intervino, cuatro títulos de la deuda española, por valor de mil millones de euros. 

Se barajan varias cifras finales y el montante puede estar por encima de los 2.500 ó 3.000 millones de euros favorable a los inversores, veremos al final en que queda, lo que hay que abonar.