Mientras la ciudadanía dormía confiando en que el principal afán de la Fiscalía General del Estado era velar para que se cumplieran las leyes, resulta que hemos sabido que lo que en realidad preocupaba al actual fiscal general (Álvaro García Ortiz) era que se le pudieran anticipar en el ‘relato’ acerca de una filtración que desvelaba datos fiscales del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid -un ciudadano que no desempeña cargo público alguno.

Datos de un ciudadano privado amparados por el régimen de confidencialidad que protege las relaciones y tratos con Hacienda. ‘Anticiparse en el relato’ pasaba por revelar datos cuya naturaleza confidencial al estar protegida por ley desemboca en un posible delito de revelación de secretos. Y eso es lo que está investigando un juzgado de la Audiencia Provincial de Madrid. Más allá de la intencionalidad política del asunto –perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, rival acantonada de La Moncloa- es pronto para avizorar el recorrido judicial del caso porque el cargo de fiscal general de Estado apareja un aforamiento que de seguir adelante la investigación podría acabar en el Tribunal Supremo.

A la vista de lo sucedido se impone una reflexión acerca de los tiempos en los que vivimos. La pregunta sería ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Al actual y bochornos grado de sumisión al poder político por parte de algunos altos funcionarios del Estado. Sumisión doblemente desmoralizadora sí reparamos en que la encomienda de fiscal general pese a ser en origen un nombramiento del Gobierno su autonomía le ampara hasta el punto de hacer poco menos que imposible la destitución.

La Fiscalía es un órgano jerárquico pero no sumiso. De ahí la desazón y el descrédito en términos de confianza en la Justicia que se derivan de ésta y de otras actuaciones de Álvaro García Ortiz tildadas de nepotismo. Actuaciones que han llevado al Consejo General del Poder Judicial a considerar que no es idóneo para el cargo de fiscal general. Un buen funcionario es aquél en cuyo trabajo la circunstancia política ocupa un lugar secundario respecto de su función pública. A la vista de los hechos que rodean al actual titular de la Fiscalía General parece dudoso que se pueda hablar con propiedad de un buen servidor público.