Los abusos en el seno de la iglesia son un crimen deleznable. Un solo abuso lo es. No importa cuándo fueron. Espero y deseo el rigor y éxito de la Comisión del Defensor del Pueblo y la que ha impulsado la propia Iglesia. Hace algún tiempo escribí en otro lugar lo que esperaba de la Iglesia en este asunto: transparencia, alfombras levantadas, escucha, diálogo y abrazo con las víctimas, rigor, petición sincera de perdón, cerrar las heridas, reparación del daño causado, sin descartar indemnizaciones y poner la mirada en lo que hay que hacer para que eso no se repita nunca más.

Durante este tiempo he seguido con interés el trabajo de las dos comisiones y las noticias publicadas en los medios. Las de algunos que solo quieren hacer una causa general contra la Iglesia católica, la de la Fiscalía General del Estado despreciando el trabajo del bufete Cremades y Calvo Sotelo, sin conocer lo que están haciendo, y lo que recogen los medios de comunicación.

Durante estos tres últimos meses se han publicado algunas decenas de noticias sobre abusos a mujeres y a menores. Han tenido trascendencia las muy graves producidas en centros de menores tutelados en la Comunidad Valenciana -que han acabado con la dimisión de la vicepresidenta Mónica Oltra por encubrir los abusos de su ex y no acompañar ni ayudar a la víctima- y en la de Baleares - donde las menores ni fueron protegidas ni controladas-.

Me parecen vergonzosos -aunque entiendo a las víctimas que no quieren pasar por el calvario de un juicio mediático- los acuerdos entre la fiscalía, la víctima y la defensa que han permitido a dos policías y al hombre que violo a una jornalera librarse de años de cárcel asistiendo a un cursillo y pagando y una indemnización.

Mal precedente. En estos tres meses últimos ha habido violaciones grupales en Cantabria, en Pamplona, en Valencia, en Elda o en Barcelona. Se ha detenido o condenado a un monitor de campamento de en Valladolid por abusar de ocho menores; a un médico de la Generalitat en Barcelona por abusos a tres mujeres mossos; a otro en La Palma por abusar de diez pacientes; a un celador en Elda por abusar de enfermos mentales; a un conde por violar y abusar de, al menos, cinco menores en Murcia; a un abuelo por abusar de su nieta en Salamanca y a otro hombre de 70 años en Burgos por abusar de dos menores; a un padre por abusar de su hija de 14 años en Telde; otro en L’Eliana en una casa okupada; a tres hombres en Córdoba por abusar de una joven de 18 años; a un matrimonio en Sevilla por abusar de mujeres a las que tenían encerradas; a una menor en pub en Granada; a un futbolista en Ibiza. Sigue habiendo víctimas de abusos a través de las redes por parte de adultos que se hacen pasar por menores, se han denunciado tres casos de acosos sexual en H&M en Barcelona y todo ello sin hablar de los pinchazos en pubs y de todos los abusos que no se denuncian.

Son datos, de los últimos noventa días, para reflexionar. No hay ni un solo caso en la Iglesia o en sus instituciones o centros educativos, que es lo que se está investigando, incluso remontándonos setenta o más años atrás. Está bien que se haga y a fondo. Pero los abusos son un problema grave y frecuente en nuestra sociedad. Hoy, en España. En la familia, en equipos o centros deportivos y sanitarios, en las fiestas populares, en el trabajo, en campamentos, en las redes sociales... ¿Qué estamos haciendo como sociedad para luchar contra los abusos, contra todo tipo de abusos, que estrategias de educación y prevención se están implantando?  ¿Qué debe hacer el Parlamento? Esa debería lo fundamental.