El Gobierno gallego ha dado luz verde este jueves a la primera normativa gallega de viviendas colaborativas para mayores que siguen el modelo de convivencia denominado ‘Cohousing', ha explicado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
El mandatario autonómico ha puesto en valor este “modelo de cuidados”, que “ya existe en otros lugares de Europa, sobre todo, en países nórdicos” y que Galicia pretende imitar con esta nueva regulación.
Ha explicado que la aprobada hoy es “una normativa que regula y define las condiciones materiales, arquitectónicas y de personal en que desarrollará esta nueva tipología de recurso que permite a un grupo de personas mayores vivir en un mismo lugar de manera autónoma y compartir servicios”.
Con ella, se busca dar respuesta a una demanda de la sociedad que exige un nuevo modelo de cuidados “que atienda a las necesidades y preferencia de las personas mayores” que prefieren quedarse cerca de sus residencias habituales.
El texto establece una serie de condiciones y requisitos, explicados por Alfonso Rueda, y que van desde a la limitación de 150 personas como máxima en cada instalación o la necesidad de que las personas que accedan a este servicio tengan una edad igual o superior a los 55 años.
Los centros habilitados deberán contar con espacios privados, zonas de uso común y una sala o espacio de atención sociosanitaria para la asistencia de personas que requieran cuidados.
En el caso de haber personas dependientes, estas podrán ser atendidas mediante un servicio o ayuda pública o a través de profesionales vinculados al centro.
Además, estos centros deberán contar con un plan de organización de servicios y actividades comunes.
En otro orden de cosas, el Ejecutivo autonómico también ha aprobado esta mañana la ampliación del tercer programa de incentivos a la movilidad eléctrica, que contará con un total de 40,5 millones de euros.
De este modo, Galicia duplica el presupuesto dirigido a las ayudas para que ciudadanos, autónomos o pequeños empresarios compren vehículos eléctricos o instalen puntos de recarga.
Según ha apuntado Rueda, con este programa se aspira “a movilizar 200 millones de euros y promover ahorros económicos de más de 5 millones” en los costes de combustible”, así como conseguir una reducción de CO2.