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lunes | 6 mayo | 2024
Los administradores de una constructora pontevedresa serán juzgados en Vigo por presuntos delitos contra sus trabajadores, a los que presuntamente engañaron para operar en Alemania en plena pandemia, según ha informado el sindicato CIG, que pide, al igual que la acusación particular, una pena de 42 años de prisión y la disolución de la sociedad.
El Juzgado de Instrucción 4 de Vigo juzgará a los responsables de la constructora de Poio, que, de acuerdo al comunicado de la central sindical gallega, ofreció en 2020 a los empleados unas condiciones laborales ventajosas que nunca cumplió.
Los responsables empresariales o la propia empresa deberán depositar 160.000 euros de fianza en concepto de responsabilidad civil y tanto la acusación particular como la CIG piden una pena de 42 meses de prisión, multa, inhabilitación para poder operar en el sector de la construcción y la disolución de la sociedad.
De acuerdo a la información de la CIG, los hechos comenzaron "en la casa de un testaferro de la empresa en Vigo que, en noviembre de 2020, reunió una docena de operarios de la construcción para proponerles, en nombre del responsable de Camsoar, ir a trabajar a Alemania con unas condiciones muy interesantes".
A los operarios les ofrecieron un "contrato desde el día de partida, un anticipo de 400 euros por operario para el viaje a Alemania y un salario de 3.500 euros" como mínimo y con todos los gastos pagos a cambio de instalar líneas de fibra óptica en el rural alemán.
El 25 de noviembre dos vehículos recogieron a los operarios entre Vigo y Coruña para emprender el viaje a Alemania y "las dudas", dice el sindicato, empezaron desde el primer momento porque "nunca llegaron a firmar el contrato y, del dinero prometido, solo recibieron 350 euros para toda la expedición", cantidad que se agotó a medio camino, por lo que el empresario puso otros 300 euros.
En Saarland, denuncia la CIG, los alojamientos prometidos eran "infraviviendas llenas de ratas y humedades" con tres o cuatro camas por habitación.
Tras protestar y amenazar con paralizar el trabajo, fueron redistribuidos en otros alojamientos de la zona y algunos exigieron ser repatriados a Galicia si no se cumplía lo pactado, petición que la empresa rechazó antes de expulsarles del alojamiento sin haberles abonado contraprestación alguna.
El sindicato ayudó a esos empleados a regresar a Galicia por sus medios, mientras que al grupo que continuó en Alemania la constructora le encargó zanjas de 45 centímetros a temperaturas bajo cero y sin casi herramientas.
Tenían que llevar un ritmo de como mínimo 100 metros al día por persona, aunque prácticamente no llegaron a trabajar por falta de materiales, herramientas y maquinaria así como por meteorología adversa.
En aquel momento, una denuncia la CIG tuvo repercusión en Alemania y llegó a la operadora para la que se instalaba la fibra, Nokia, y a las autoridades alemanas y la embajada española, lo que propició, según el sindicato, que la empresa huyera "precipitadamente" y uno de los administradores dimitiera para "evitar asumir responsabilidades", aunque luego intentó "retomar la misma obra con otro personal".
La central sindical señala que todos los trabajadores acabaron despedidos o sin ocupación efectiva hasta causar baja y denuncia que en ningún caso la empresa cumplió con su promesa económica por lo que el resto de obreros acudieron a la CIG para demandar el despido y reclamar el dinero que se les debía.
El sindicato presentó una denuncia penitenciaria por posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y ahora los responsables de la constructora serán juzgados en Vigo.
