Xunta y alcaldes de las zonas de transición justa analizan los fondos destinados a Galicia

Xunta y alcaldes de las zonas de transición justa analizan los fondos destinados a Galicia
Encuentro entre la directora xeral de Planificación Enerxética y regidores y representantes de las zonas afectadas | cedida

Los fondos comunitarios para las Zonas de Transición Justa, en concreto los 111 millones destinados íntegramente a Galicia, ya son una realidad y, como tal, desde las administraciones comienzan a perfilarse las diferentes propuestas que optarán a esta partida. En este contexto, la directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría, acompañada de los delegados territoriales de A Coruña y Ferrol, Gonzalo Trenor y Martina Aneiros, respectivamente, mantuvieron ayer un encuentro de trabajo con los regidores de los 19 municipios incluidos en las dos Zonas de Transición de Galicia –As Pontes y Meirama– para analizar dichos fondos y qué empresas y proyectos podrían optar a los mismos.


De esta forma, Uría recordó que la partida comunitaria será gestionada por la administración autonómica con el objetivo de “xerar un impacto económico y social positivo” en estas áreas mediante la identificación e impulso de “proxectos tractores”. Y es que uno de los factores principales a la hora de enfrentar dicho reto es que los fondos se destinan principalmente a pequeñas y medianas empresas, siendo crucial, apuntó la directora xeral, la elaboración conjunta de un plan de desarrollo territorial mediante dichos “grandes proxectos”.


Pasos a seguir

Asimismo, desde la Xunta se informó de que se ha habilitado una manifestación de interés, uno de los requisitos del Gobierno para optar a las ayudas, para las empresas, recordando, además, que aquellas que no se presenten a esta convocatoria quedarán excluidas de los fondos comunitarios –el plazo de presentación de proyectos permanecerá abierto hasta el próximo día 23–.


De igual modo, Uría señaló que la Vicepresidencia primera de la Xunta, a través del Igape, en “cooperación” con el Gobierno central, estudiará las manifestaciones recibidas, valorando su viabilidad y si son o no compatibles con la normativa de ayudas estatales y el reglamento del Fondo de Transición Justa.

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