Con la publicación de la ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales de los montes del Cha de Brión se inicia una nueva etapa para unos espacios por cuya recuperación han luchado los vecinos desde hace décadas, tras ser expropiados durante el franquismo y no haber retornado a manos de los que en su día fueron propietarios.

Ahora, la ordenanza aprobada en pleno y publicada ayer en el BOP –se abre un plazo de 30 días hábiles de información pública y audiencia a los interesados–permitirá un ordenado aprovechamiento de esta zona por parte de los vecinos de las parroquias de San Román de Doniños y Santa María de Brión empadronados en dichas zonas.

Los interesados en hacer uso de estos montes podrán hacerlo como unidad familiar o bien de forma grupal, integrándose en una entidad asociativa que podrá constituirse para realizar comunalmente la gestión y explotación de la propiedad.

De este modo, el Concello abre un plazo de 15 días, una vez que la ordenanza sea aprobada de modo definitivo, para que todas las personas que cumplan los requisitos soliciten hacer uso de la propiedad del Cha tanto para el aprovechamiento de los pastos, de los esquilmos o de leña como para sus usos arbustivos, madereros o forestales.

Para poder sacar partido al monte, los vecinos de Brión y Doniños interesados en el aprovechamiento comunal deberán definir de forma conjunta las utilidades que se puedan obtener, para lo cual es precisa la constitución de una entidad asociativa de vecinos comunados, cuyos estatutos deberán estar de acuerdo con las disposiciones de la ordenanza. Actualmente existe una comunidad o asociación de propietarios de los montes de Brión, que impulsaron en todo momento esta reversión a uso comunal de las propiedades del Cha.

La ordenanza municipal regula las obligaciones de los beneficiarios de este aprovechamiento –se destinará, al menos, el 10% de los rendimientos obtenidos a la conservación y mejora del monte– y también las infracciones y sanciones que tengan coste económico, con multas desde 50 a 1.000 euros, según la gravedad, y podrá implicar, en los casos más graves, la pérdida de la condición de beneficiario comunero o la inhabilitación para poder conseguirla en plazos que van de los dos a los cinco años.