El pleno de Ferrol ha aprobado este jueves de manera inicial la ordenanza de protección contra a contaminación acústica, que con los votos favorables del Partido Popular (13), la abstención de PSOE y BNG (10) y la oposición de Ferrol en Común (2) pasará ahora a exponerse públicamente durante 30 días hábiles para que la ciudadanía interesada consulte el texto y formule alegaciones.
No fue el debate más enconado de la sesión de ayer, que empezó con fuego cruzado desde el primer punto con contenido, el de la ejecución presupuestaria del primer trimestre, en el que ya se expusieron los argumentos que alcanzarían su punto álgido con la modificación de crédito de más de 10 millones anunciada el pasado lunes por el alcalde tras la Xunta de Goberno Local.
La popular Susana Sanjurjo, tras la intervención del presidente de la Agrupación de la Zona Rural, Manuel Sendón, en la que pedía el voto favorable de los 25 concejales, defendió el destino de ese dinero en los diferentes frentes que incluye –saneamiento del rural, pago de deudas a Urbaser, contratación de socorristas o el plan de pintado de viales, entre otros–, mientras que la oposición cargó contra la “maneira de facer política que teñen”, afirmó el portavoz de FeC, Jorge Suárez: “Nós non tiñamos a gaivota pintada na camiseta: a Xunta só ten cartos cando o PP goberna na cidade”, dijo sobre el proyecto de saneamiento en el rural.
Sí compartieron los puntos anteriores con la ordenanza de ruidos la denuncia de la oposición a la “falta de transparencia”, como aseguró Suárez, a la “forma de traballar” del gobierno. “Os concelleiros da oposición tamén representamos a parte da cidadanía desta cidade”, aseguró. Esa crítica tuvo eco también en la presentación del punto de la ordenanza que regulará los niveles de ruido en el espacio público. Tras una breve exposición del concejal de Obras e Servizos, José Tomé, el propio Suárez considera la normativa “imprescindible”, pero de una manera “ordenada e con participación”. “Non debe de ser moi boa cando tanto os hostaleiros como parte da cidadanía xa amosaron o seu rexeitamento”, apuntó.
El portavoz de FeC recordó que fue durante su mandato (2015-2019) cuando se presentó el borrador y cuando se compró el primer sonómetro, pero auguró que no va a poder aplicarse en los términos en los que está redactada por “falta de material e de formación dos axentes que utilizarán estes aparatos”. “Teño a sensación”, añadió, “de que están comezando a casa polo tellado”, dijo, antes de referir otras “eivas” como la “imprecisión sobre a zonificación” o la “posibilidade de que se restrinxan as mobilizacións que empreguen megafonía”. Además, invitó a proteger “aos artistas locais permitíndolles actuar a horas razonables na rúa, pois é unha das mellores oportunidades que teñen para amosar o seu talento”.
El edil del BNG Roberto Montero afirmó que “normalmente, o que mal empeza, mal acaba”, en referencia a todas las denuncias que se han sucedido a lo largo de los últimos meses y que, entre otras cosas, obligaron a suspender el verano pasado la programación de conciertos organizada por la hostelería y el comercio. Acusó al gobierno de “deixar medrar o problema ata que rebentou” y cargó contra lo que considera una “valoración arbitraria” en la imposición de sanciones y de multas. “Van prohibir a uns rapaces xogar na praza ás 22.30 horas ou a megafonía en campaña electoral?”, preguntó el concejal del BNG, quien también se interesó sobre la manera “en que se vai aplicar”.
En la bancada socialista, Ana Lamas lamentó todo el tiempo sin ordenanza desde que en 2012 se optó por derogar la anterior en lugar de “facer as modificacións oportunas”. Además, acusó al gobierno local de “falta de información” y la “resposta ás dúbidas que formulamos na comisión”, principalmente las relativas a la formación del personal de la Policía Local que trabajará con los sonómetros y los contratos para la adquisición de estos equipos.
La ordenanza pasará ahora a exposición pública durante treinta días hábiles.