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sábado | 20 abril | 2024
La vida de María Luisa López y su marido, Manuel Blanco, de 77 y 81 años, respectivamente, cambió radicalmente cuando a él le diagnosticaron alzheimer, pero sobre todo cuando por motivo de su enfermedad se quedó sin poder desplazarse por sí mismo, debiendo utilizar silla de ruedas. Esta dificultad trajo un nuevo problema a sus vidas, el acceso a su propia vivienda, un cuarto piso situado en la Avenida Doctor Fléming, en el barrio de Canido. “Nos vimos obligados a dejar nuestra casa de toda la vida, desde hace 52 años, porque no tiene ascensor”, explica María Luisa.
Lo peor del asunto es que lo que los aleja de su vivienda no es el hecho de que esta no tenga ascensor, sino que los trámites burocráticos para instalarlo están siendo especialmente lentos “y crueles”, como lamenta la propia María Luisa, quien recuerda que inicialmente solicitó poder instalar una silla elevadora pero que el resto de vecinos creyeron más conveniente colocar un ascensor.
Así, en abril de 2021 la comunidad de propietarios, formada por ocho residentes, acordó, a petición de María Luisa y su esposo solicitar la instalación de un ascensor, tras comprobarse que podía asumirse dadas las características técnicas del inmueble. Sobre este asunto cabe precisar que la ley de propiedad horizontal establece desde 2021 que una comunidad de vecinos tiene la obligación de instalar un ascensor cuando en el inmueble resida una persona con discapacidad, movilidad reducida o mayor de 70 años, siendo una decisión que no tendría ni que someterse a aprobación de los vecinos –siempre y cuando el importe anual repercutido de esa obra, cuando se hayan descontado las subvenciones o ayudas públicas existentes, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, ya que en caso de superar ese importe será el solicitante quien se haga cargo del exceso–.
Explica María Luisa que encargaron la obra a Ascensores TyssenKrupp tan pronto se tomó la decisión en abril de 2021. “El delegado de la zona nos dijo por aquel entonces que lo más lento en este tipo de procesos son los trámites con el Ayuntamiento, que podrían alargarse hasta los seis meses”, un plazo que les pareció asumible entonces, pese que se vieron obligados a abandonar su vivienda. “Por suerte nos trasladamos a un pequeño apartamento en la misma calle, es pequeño pero con ascensor y nos ocasiona unos gastos mensuales de unos 600 euros, que asumimos a duras penas con la pensión de mi marido”, explica esta vecina de Canido.
El problema con la compañía que debía hacerse cargo de la obra es que acumula meses de retrasos en la tramitación de los permisos. “El delegado de Tysen en la zona no ha hecho más que darnos largas en todo este tiempo, tanto que presentó los papeles en el Ayuntamiento de Ferrol en agosto del año pasado, nada menos que 16 meses después de haberlo solicitado”, lamenta María Luisa. Tras la presentación de estos primeros papeles se produjeron una serie de requerimientos por parte del Concello, que siguen alargando el proceso de tramitación, al que habrá que sumar también el plazo de la obra en sí, “que ni siquiera nos ha sabido precisar cuándo podría comenzarse”, sostiene esta vecina de Doctor Fléming, que lamenta que a estas alturas no sepan todavía cuándo podrán volver a su casa, de la que también siguen haciendo frente de los gastos derivados de la comunidad y el mínimo de luz y agua que siguen pagando.
María Luisa López también lamenta profundamente que ni tan siquiera para casos como el de su marido se contemplen vías más rápidas para agilizar los trámites y que gente como ellos no se vean obligados a dejar su casa y tener que pagar un alquiler.
Aunque el principal retraso tiene que ver con la compañía instaladora, estos vecinos de Canido están temerosos de que el proceso siga demorándose y que a los primeros requerimientos realizados por el Concello se sucedan otros nuevos que no hagan más que sumar meses de demora a un proceso que se eterniza. Sobre el inicio de las obras tampoco les han querido dar un plazo.
Cabe destacar que en las últimas horas la compañía instaladora ha asegurado a la familia afectada que en 10 o 15 días, salvo inesperados, se podrá disponer de licencia municipal. Por otra parte, a pesar de la demora en la gestión de este servicio, la derrama de 2.248 euros que corresponde a cada piso no se cobró hasta octubre, una vez que el trámite para la licencia ya estaba abierto en el Ayuntamiento de Ferrol.
