lunes 16.09.2019

Cuando la interpretación de una normativa conduce a la discriminación

La ferrolana Sofía Barbadillo vio truncado su sueño de ser peluquera cuando el centro educativo en el que iba a cursar sus estudios le denegó la plaza por la normativa de edad. Sin embargo esta joven decidió no rendirse, llegando hasta los tribunales y logrando que un juez reconociese su derecho a una formación plena
Sofía Barbadillo y su padre, Fernando, durante la entrevista en la redacción de Diario de Ferrol
Sofía Barbadillo y su padre, Fernando, durante la entrevista en la redacción de Diario de Ferrol

Sofía Barbadillo quiere ser peluquera. Durante años, esta ferrolana de veinte años ha luchado por alcanzar una meta compartida por miles de jóvenes españoles a la hora de acceder al mundo laboral, toda una proeza teniendo en cuenta el esfuerzo extra que supone cursar estudios teniendo una discapacidad, en su caso Síndrome de Down. Sin embargo, meses atrás, la sonriente muchacha se topó con un muro de normas burocráticas que otros tantos compañeros en su situación de todas las partes de España han visto en su camino y que la llevó a tomar la vía judicial.

En este caso, tras cursar sus estudios secundarios, Sofía trató de acceder a un módulo básico de Formación Profesional de peluquería en el IES Ricardo Carballo Calero. Debido a la normativa actual, al contar con asignaturas adaptadas no se le dio el certificado de la ESO –una situación con multitud de casos denunciada una y otra vez por asociaciones como Plena Inclusión–, lo que únicamente le permitía acceder a este rango de estudios. Sin embargo, este mismo reglamento establecía una edad máxima de 18 años para acceder a estos, dejando por tanto a Sofía fuera.

“A las personas con una discapacidad, especialmente intelectual, se les hace una adaptación curricular para que cursen sus estudios, pero cuando terminan no tienen título de la ESO, a pesar de haber aprobado todas sus asignaturas”, explica Begoña Echevarría, madre de Sofía. “Llegan más tarde a la Secundaria porque cuando están en Primaria repiten en más ocasiones –continúa– y por eso la terminan más tarde”. Begoña señala que existen una serie de criterios para acceder a esta formación, entre los que destaca la edad, y que pese a existir una serie de plazas reservadas para estudiantes con discapacidad, por lo general tienen más peso estas normas.

Así, pese a que Sofía fue la única persona con un certificado de minusvalía que se presentó ese año, desde el centro le denegaron la plaza, lo que la llevó a los tribunales para reclamar un trato igualitario frente a una lectura férrea de la normativa académica. “Hicimos la reclamación correspondiente, mientras la dirección del centro remitió a la Comisión de Escolarización esas plazas vacantes –narra Fernando Barbadillo, padre de Sofía y maestro de profesión–, así que tuvimos que reclamar a la Jefatura Territorial, en A Coruña. Como esta pide informes a Ferrol y prácticamente lo que hace es volcar lo que le envían desde aquí, lo que nos quedó era ir a juicio”.

Ante este panorama, Sofía y sus padres se dirigieron a la asociación Plena Inclusión, que les recomendó a la abogada madrileña especializada Maria José Alonso Parreño y la procuradora ferrolana María Elena López Lacamara. Dado que la joven ya era mayor de edad tuvo que ser ella la demandante, iniciándose el proceso en febrero de este año.

Finalmente, el magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña les dio la razón tras la vista celebrada a principios de junio, obligando a la Comisión de Escolarización y al centro educativo a admitir a la alumna. Sin embargo, gran parte del problema es el tiempo perdido; si bien es cierto que el dictamen es aplicable al curso siguiente, todo el proceso ocupó desde septiembre de 2018 hasta inicios de verano del presente ejercicio, condenando a Sofía a perder un año de estudios.

La importancia de esta situación, no obstante, no radica en el hecho de que la joven pueda al fin acceder al módulo que le correspondía por derecho, como apuntan sus padres, sino en la falta de visibilización de estos casos. Estas situaciones tienden a pasar desapercibidas  porque no parten de una discriminación directa y personal, sino de la mera aplicación directa de una normativa que no contempla tesituras especiales. Meses atrás, por ejemplo, la joven segoviana Irene González se vio envuelta en un caso similar al no obtener la titulación de la ESO pese a contar con resultados de notables y sobresalientes. Esta interpretación del reglamento educativo le cerró la puerta de acceder a un grado medio como ella quería, lo que la llevó a denunciar, con éxito, su situación.

Tanto Sofía como Irene podrán cumplir sus sueños, pero quizás otros muchos se vean privados de los mismos, como se apuntó en el juicio, debido a la férrea regulación educativa.

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