La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que el acuerdo entre el PSOE y Sumar para reducir la jornada laboral sin pérdida de salario de cara a la formación de un nuevo Gobierno de coalición situaría a España en la media de la UE en términos de tiempo de trabajo, y subrayó la importancia de que se lleve a cabo de manera colaborativa entre los empleadores, el Gobierno y los sindicatos.

“La propuesta situaría a España en la media de la UE en términos de tiempo de trabajo”, indicó la economista jefe de la OCDE, Clare Lombardelli, durante una rueda de prensa en Madrid, donde presentó el ‘Estudio Económico de España’.

La economista jefe del think-tank de las economías avanzadas subrayó que lo más importante para el crecimiento a medio y largo plazo es la productividad, por lo que expresó la necesidad de implementar reformas encaminadas a mejorarla y fomentarla, añadiendo que este tipo de reformas “pueden ser pasos en esa dirección dependiendo de cómo se implementen”.

De forma correcta

“Tengo entendido que la propuesta se hará sin problemas y de forma gradual, que es sin duda lo que consideraríamos que es la forma correcta de pensar en este tipo de propuestas, porque conviene pensar en cómo se adaptan los costes de las empresas y eso debería hacerse gradualmente”, explicó.

Asimismo, Lombardelli señaló la importancia en este tipo de cambios de garantizar que haya apoyo y consenso y que se hagan “de manera colaborativa entre los empleadores, el Gobierno y los sindicatos”, por lo que hay que pensar en cómo hacerlo de manera que reciba un amplio apoyo.

En cualquier caso, reiteró que la cuestión principal es realmente la productividad y centrarse en la importancia de mejorarla como fórmula para incrementar de forma sostenible el crecimiento en España y el nivel de vida.

De su lado, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García, defendió que el objetivo es que la medida tenga un efecto positivo macroeconómico y un efecto positivo también sobre el bienestar.

En este sentido, en línea con la representante de la OCDE, García defendió la importancia de que estas reformas se hagan con diálogo social, con los sindicatos y con los representantes de las empresas, para tener el mejor resultado en términos económicos y sociales.

Por otro lado, Lombardelli defendió la importancia de que los aumentos en el salario mínimo “deben ser progresivos y deben estar en línea con las ganancias de productividad en la economía”, puesto que esa es la forma de hacerlo para que beneficie a las personas sin reducir las oportunidades de empleo.

Por su parte, la ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, reiteró hoy que la reducción de la jornada laboral se llevará al diálogo social con sindicatos y empresarios, al igual que el resto de materias laborales.

Pese al rechazo empresarial a esta medida, Montero, en declaraciones a la cadena SER, se mostró convencida de que, “con o más o menos entusiasmo” por alguna de las partes, se conseguirá acordar la reducción de jornada con los agentes sociales.

“Siempre este Gobierno va a dar una oportunidad al diálogo, y de lo que sí se trata es de tener con claridad una vocación de bajar una jornada laboral sin reducción salarial”, señaló Montero, que insistió en que un acuerdo sobre esta materia es “posible”.

La ministra aseguró que se trata de una medida de “bastante sentido común”, pues gran parte de los convenios colectivos ya incorporan medidas en este sentido. “Nosotros lo planteamos de forma progresiva para que el sector productivo que no tenga todavía las 37,5 horas se pueda ir adaptando y a partir de ahí podamos seguir avanzando en esta cuestión”, explicó.

Mientras, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, lanzó un aviso a las patronales CEOE y Foment de Treball por oponerse a algunas medidas incluidas en el acuerdo de su formación con el PSOE para formar un Gobierno, como la reducción de la jornada laboral, y subrayó que es la “mayoría legislativa y social” la que decide sobre estas cuestiones y no los consejos de administración de las empresas.

“No lo podemos aceptar, por lo tanto vamos a utilizar toda nuestra fuerza legislativa y negociadora para que la patronal cambie de opinión”, indicó Pisarello en rueda de prensa en el Congreso, recordando a las patronales que en la democracia “quienes deciden, en última instancia, no son los consejos de administración de las grandes empresas, sino las mayorías legislativas y sociales”

Por ello, también hizo una llamada “a la presión social y sindical” para “conquistar derechos” y reivindicar las medidas incluidas en el acuerdo de Gobierno.

Además, dijo que “paradójicamente” estas instituciones se han opuesto a las medidas económicas del acuerdo de Gobierno, que incluyen también un mayor esfuerzo impositivo para los más ricos.

De hecho, Pisarello incidió en que registrar beneficios millonarios sin que la capacidad adquisitiva de las familias mejore “es una apuesta absolutamente suicida”. En esta línea, recordó la necesidad de mantener el impuesto a la banca y a las empresas energéticas. A esta defensa se ha sumado la diputada de Sumar y dirigente de En Comú Podem, Aina Vidal, quien insistió en la necesidad de hacer permanente el impuesto a la banca tras conocerse los “enormes beneficios” cosechados por el sector bancario.