La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este viernes en la legalidad del contrato público vinculado a su hermano y ha ironizado con que "solo falta la ONU" por fiscalizarlo.

Así ha respondido la dirigente regional a las preguntas de los periodistas, en un acto en Brunete, sobre la solicitud de la Fiscalía Europea a la Fiscalía Anticorrupción de hacerse cargo de las diligencias abiertas por este contrato.

Ayuso ha hecho hincapié en que "la Fiscalía ha dejado claro que no hay ningún tipo de delito, que no hay ningún tipo de corrupción", tal y como "manifestó en su auto hace semanas".

Además, ha subrayado que lo mismo ha manifestado "la Cámara de Cuentas, que es un organismo independiente"; "la Intervención de la Comunidad, compuesta por funcionarios independientes", y "lo mismo que ha valorado la comisión de contrataciones de la Asamblea".

"Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", ha declarado.

Por su parte, fuentes del Gobierno regional han sostenido que la reclamación que realiza la Fiscalía Europa "es una acción con nula repercusión judicial", que, a su parecer, "no cuestiona la legalidad del contrato, que cuenta con el respaldo de la Cámara de Cuentas".

Sugieren, estas mismas fuentes, que "dicha reclamación puede obedecer a que las diligencias abiertas por la Fiscalía española se aboquen a un rápido archivo de todo el asunto". "Se trataría, por tanto, de un intento de alargar el asunto en los medios de comunicación, al no tener recorrido en los tribunales", han sentenciado. 

Investigación

La Fiscalía Europea ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción la investigación abierta por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid (CAM) por el que el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso habría cobrado 55.000 euros.

Según han informado a Efe en fuentes fiscales, la Fiscalía Europea se ha dirigido a Anticorrupción, que tiene abierta ya una investigación al respecto, al entender que, tras el citado contrato, se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos, algo con lo que no estaría de acuerdo del departamento que dirige Alejandro Luzón.

Por ello, y al entender que no puede reclamarle la totalidad de esas pesquisas, Luzón ha planteado un conflicto de competencias ante la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que podría quedar resuelto en la reunión de la Junta de Fiscales, la cúpula de la carrera, convocada para el próximo lunes.

El pasado 22 de febrero, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón abrió una investigación para dilucidar si hay indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros.

Ahora, la representante de la Fiscalía Europea en España, la fiscal Concepción Sabadell -una de las que acusó en el caso Gürtel estando en Anticorrupción con Luzón-, le ha reclamado todas las diligencias que haya practicado después de que el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitiera un informe a la Fiscalía Europea sobre estos hechos.

No obstante, Luzón se ha opuesto porque no aprecia que haya podido cometerse un delito de malversación de fondos comunitarios, ya que el dinero público fue empleado "indudablemente" en la compra de mascarillas en pleno azote de la pandemia.

Entiende que la Fiscalía Europea tiene "competencia exclusiva" pueda abrir una investigación por supuesta malversación en la adjudicación de dicho contrato, pero que no para asumir la totalidad de las pesquisas que pueden afectar a funcionarios españoles y por tanto deben ser investigadas en España y no por la Unión Europea.

Discrepa con que los delitos que Anticorrupción investiga sean "indisociables" a esa supuesta malversación comunitaria y cree que a la Fiscalía no le corresponde investigar los supuestos delitos conexos con esa presunta malversación: tráfico de influencias, prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionarios.

Por todo ello ha planteado un conflicto de competencia a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que hasta que no esté resuelto -probablemente el próximo lunes- le impide seguir con las diligencias que Anticorrupción tiene abiertas por ese contrato, según las fuentes.

Las diligencias de Anticorrupción se abrieron a raíz de la denunica que por ese contrato presentaron los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid -Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos-.

En su decreto de apertura, Luzón rechazó remitir estas pesquisas al Tribunal Supremo al ser aforada Díaz Ayuso y por apreciar que los hechos denunciados no constituyen "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada".