El déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas, salvo las locales, se situó en 18.291 millones de euros entre enero y mayo, una cifra que supone un descenso del 6,2% con respecto al mismo período de 2023 y que equivale al 1,18% del Producto Interior Bruto (PIB).
Esta evolución del déficit público fue posible porque el crecimiento de los ingresos –del 5,8%, impulsados por los impuestos–fue superior al de los gastos –del 4,8%–, de acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda.
La administración central concentró un déficit de 7.953 millones de euros, un 0,51% del PIB, tras reducirlo en un 25,4% gracias a la fortaleza de la recaudación, que permitió compensar el mayor gasto en intereses de la deuda y salarios.
Las comunidades acumularon un déficit de 10.446 millones de euros, un 40,6% más y un 0,67% del PIB, un repunte relacionado con el aumento de los gastos en salarios, intereses, inversiones y otras partidas como la de conciertos de asistencia sanitaria (se incrementó un 10,1%) o educativos (3%).
Todas las comunidades cerraron mayo con déficit –salvo el País Vasco, que logró un superávit del 0,42% de su PIB–, que fue especialmente destacado en Baleares (1,89%) y Murcia (1,35%).
Por su parte, la Seguridad Social registró un superávit de 108 millones, un 0,1% del PIB, frente al déficit del pasado año, gracias tanto a la buena marcha de las cotizaciones sociales como a las mayores transferencias recibidas del Estado.
Hacienda también avanzó los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta el mes de junio, un período en el que acumuló un déficit de 18.709 millones de euros, un 23,7% menos que en la primera mitad de 2023, lo que equivale al 1,21% del PIB.